La autonomía municipal parece una utopía

Al tercer día de su mandato, el gobernador José Alperovich, dijo: "iré con mi gabinete al interior; estaré con todos los intendentes para trabajar en conjunto y brindar soluciones". Muchos dirigentes no imaginaron -aquel 31 de octubre de 2003- que, con esas palabras, el mandatario había comenzado a exhibir su perfil de gestión de gobierno.
En aquel momento, Alperovich pidió a sus colaboradores que las ceremonias oficiales de asunción de los intendentes del interior fueran coordinadas de manera tal que él, en su condición de máxima autoridad, pudiera estar presente en todas ellas. De ese modo, inició un recorrido por el interior para encabezar los actos de los nuevos jefes municipales y hubo días en que, por ejemplo, recorrió hasta tres ciudades en una sola tarde.
Desde el principio, su objetivo fue ejercer el control político en todo el territorio provincial y el tiempo demostró que pudo lograrlo tanto en los municipios, como en las comunas rurales.
El empeño del gobernador en fortalecer su poder incluso, le permitió captar a los pocos intendentes y delegados comunales que llegaron a la función pública como referentes de otros signos políticos.
Ese direccionamiento que impuso el mandatario en cada paso y en cada decisión tuvo sus efectos políticos y marcó una huella en el nuevo esquema de gobierno. Hoy en día, esa metodología se potenció tanto que para muchos dirigentes (sean intendentes, concejales o comisionados rurales) es común consultar al gobernador sobre qué acción desarrollar sobre cuál o tal tema.
"Esperar instrucciones", es una consigna que sobrevuela en la cabeza de la dirigencia política, antes de adoptar cualquier decisión de trascendencia.
En este escenario, surge el interrogante sobre si los intendentes, los concejales y los comisionados rurales son delegados del Poder Ejecutivo o son autoridades independientes del poder central.
El gobernador suele mostrar en público que, en muchos casos, él da determinadas órdenes. Otras veces, en cambio, son los propios dirigentes políticos quienes hacen todo lo posible por quedar bien parados ante el Poder Ejecutivo.

Largo debate
"Los límites de las autonomías municipales separan al oficialismo de la oposición", tituló LA GACETA en su edición del 29 de enero de este año, cuando se citó a un debate a los postulantes a convencionales constituyentes.
En ese encuentro, Osvaldo Morelli (Participación Cívica) sostuvo que los pactos que hoy atan a los municipios con la Provincia deben concluir. "Cada municipalidad debe resolver sus propios problemas", afirmó el entonces candidato a constituyente.
En contraposición, el referente del Polo Obrero, Martín Correa, calificó de ficción absoluta la pre tendida autonomía municipal. "Hoy, el Poder Ejecutivo puede intervenir cualquier comuna a su arbitrio. Todos los intendentes son rehénes del gobernador. Están afectados por un pacto social y resignan sus recursos", advirtió.
Después, el debate siguió su curso en la Convención Constituyente, pero no se terminó allí, sino que se renueva día a día a partir de las decisión políticas que se adoptan en territorios municipales y comunales. De esta manera, la autonomía municipal parece una utopía.

El 4 de octubre de 2004, el gobernador Alperovich anunció el cierre del vaciadero de Los Vázquez y dispuso que la basura de la capital fuera depositada en Pacará Pintado.

En abril de 2006, el gobernador dio instrucciones para la unificación del servicio de taxis y remises (Sutrappa). En su propio domicilio, hubo reuniones con los concejales y los choferes.

El 21 de noviembre de este año, el gobernador Alperovich regresó de Chile y, de inmediato, ordenó que el tributo por las tragamonedas se mantenga en $ 700 mensuales.

El desalojo de los vendedores ambulantes del microcentro, en principio, estaba previsto que se realice antes de fin de año; sin embargo, Alperovich decidió postergarlo hasta enero de 2007.

"Esta Constitución consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios", señala el artículo 132 de la nueva Constitución provincial, referido al régimen municipal (Sección VII). Este texto fue sancionado el 6 de junio de este año; sin embargo, en la práctica se está muy lejos de alcanzar ese objetivo, por cuestiones políticas y por urgencias financieras.
En la última semana de noviembre, en la Casa de Gobierno se elaboró un nuevo pacto entre la Provincia y los municipios, que apunta al auxilio financiero para la ejecución de obras públicas y el pago de los sueldos.
La iniciativa debe ser transformada en ordenanza municipal por todos los Concejos Deliberantes (de capital y del interior) que requieran suscribir el convenio para poner en práctica un empréstito del Gobierno hacia los municipios.
El articulado del proyecto es similar para todos los casos, aunque la única diferencia es el monto asignado para cada municipalidad. En la capital, por ejemplo, se fijó un total de $ 25 millones y ya fue aprobado por los concejales, en la última sesión.
Para el caso de Banda del Río Salí, en tanto, se estableció una cifra global de $ 22 millones. Se trata de la autorización a emitir títulos escriturales, negociables únicamente a favor del Gobierno provincial.
El plazo de ejecución es de cuatro años con dos más de gracia (seis en total) y con una amortización en 48 cuotas sin interés. Los títulos tendrán como garantía los recursos coparticipables.
La polémica surgió porque los trabajos públicos a realizar por los intendentes podrán efectuarse a través del sistema de contratación directa, lo que elude el llamado a licitación.
Este nuevo acuerdo pretende acelerar la ejecución de obras públicas durante 2007, un año electoral, en el que los municipios jugarán un rol clave en el impulso electoral para el oficialismo.

Por Juan Pablo Berarducci, licenciado en Gestión Educativa
Nadie puede negar que la Constitución provincial recientemente reformada expresa del modo más acabado el deseo del gobernador José Alperovich. Es la síntesis, en términos jurídicos, de la institucionalidad que él pretende para Tucumán y, por lo tanto, se convierte en la referencia más adecuada para evaluar su propio desempeño y el de los demás poderes del Estado.
En el preámbulo, la Constitución alperovichista consagra la autonomía de los municipios y en el capítulo correspondiente precisa sus alcances políticos, administrativos, económicos, financieros e institucionales. Por tanto, la plena institucionalidad en la relación provincia-municipios, debiera ser el reconocimiento de la competencia de estos para autogobernarse, disponer de sus propios recursos y fijar sus políticas en materia de obra pública, entre otros.
La falta de este reconocimiento y la imposibilidad de su ejercicio lleva a que las comunidades locales sean tratadas como minusválidas, incapaces de llevar adelante un proyecto colectivo y, por lo tanto, necesitadas de alguien que desde afuera y desde arriba las provea y las conduzca.
Cuando las autoridades de los municipios consienten o toleran la pérdida de autonomía (reciben órdenes superiores), dejan a sus comunidades sometidas; ellos se convierten en obsecuentes inescrupulosos, la institucionalidad desaparece y se abre paso a un poder hegemónico.
Los griegos utilizaban la palabra hegemonía para indicar el poder absoluto conferido a un jefe. En términos políticos significa el ejercicio, por fuera de lo normado, de una preeminencia política, económica y cultural de uno (o unos) sobre el resto de la comunidad.
Cuando desde el Gobierno se ve a los municipios como espacios a someter para consolidar un proyecto de perpetuidad, la institucionalidad se vaporiza. Y si las comunidades municipales y sus autoridades consideran que la calidad de vida y la dignidad se miden en metros cuadrados de pavimento o en focos encendidos, se están condenando al raquitismo social.

Por Raúl Martinez Araoz, abogado - ex intendente de la capital
Uno de los temas donde con mayor intensidad se advierte la abismal distancia entre las normas y la práctica, es el de la autonomía municipal. Su análisis nos permite también comprobar que al reformarse la Constitución no se compartía y ni siquiera se conocía esencialmente la categoría, solo sancionada para aparentar cumplir el compromiso públicamente asumido.
En efecto: esa autonomía, presentada como uno de los puntos de indispensable y urgente incorporación para adecuar la Constitución local a la de la Nación, terminó en la práctica demostrando que fue un señuelo para buscar adhesiones que justifiquen la reforma.
Se la "consagró" con los atributos otorgados por el texto nacional de 1994, con alcance institucional, político, administrativo, económico, financiero y hasta tributario.
Tan amplia categoría, propia de la denominada autonomía plena, no resistió empero la primera prueba de eficacia y sinceridad en su diseño. Cuando el Concejo Deliberante de la capital, a instancias y con participación de funcionarios del Ejecutivo municipal, intentó disminuir la tasa aplicada a las tragamonedas, bastó una enigmática llamada telefónica ordenando una rebaja mayor, para evidenciar que esa autonomía, es solo aparente.
Cayó así el pretencioso diseño autonómico que tan generosamente había consagrado el reciente -y cuestionado- instrumento constitucional ante la complaciente subordinación de la mayoría de los concejales, sin convicción para afirmar su autoridad y resistir el extraño mandato.
Por si esto no fuere bastante, el titular del Ejecutivo provincial se encargó de desvirtuar definitivamente el concepto al sostener públicamente (como antes lo hiciera respecto a los convencionales constituyentes adictos) que las autoridades municipales recibían sus órdenes que -en este caso, por el desprestigio de la medida intentada- eran el veto a la llamativa reducción. Lástima que ese desborde institucional no haya alcanzado al Tributo de Emergencia Municipal (TEM) simultáneamente sancionado por las que se que incrementan las contribuciones que, en definitiva, deberá afrontar el ciudadano.
La indisimulada exhibición de mando -con las más recientes reubicación de comerciantes en la vía pública- comprueba que nadie en el Gobierno reconoce ni alienta este espacio institucional, forma de división vertical del poder, ni la normativa constitucional que lo estableciera donde -dicho sea de paso- se cambiara sin necesidad la sencilla fórmula de los intereses morales y materiales de carácter local (que se repetía en Tucumán desde 1856) por la de intereses comunitarios, resultando ficticia la declamada autonomía municipal con que se enmascara la "sucursalización" de los gobiernos locales, consecuencia de los pactos de supervivencia que les han impuesto los gobiernos provinciales.
Antes de pensar siquiera en la ley marco que permita a los municipios sancionar sus cartas orgánicas, el poder político ha degradado con sus hechos esta categoría jurídica evidenciando que su incorporación al texto constitucional reformado fue una ficción, una mera apariencia, un agregado desprovisto de sinceridad.