Sólo una decena de jueces se retiraría en marzo, según Dato

La posibilidad de un retiro inmediato y masivo de miembros del Poder Judicial, que podría poner en colapso a los tribunales, fue descartada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato. El magistrado aseguró que las primeras jubilaciones con el nuevo régimen (recientemente ratificado por la Legislatura) comenzarán a hacerse efectivas en marzo de 2007 y que alcanzará a una cantidad mínima de jueces, fiscales y defensores.
“Este proceso no tendrá instantaneidad, lo que garantiza que no se producirá un crack en la administración de Justicia. Podremos manejarnos con las subrogancias previstas en la ley hasta tanto se defina la forma en que se van a seleccionar los magistrados para cubrir las vacantes que se produzcan. No habrá ninguna estampida”, explicó.
El titular de la Corte calculó que, según el diálogo que mantiene con los magistrados en actividad, “sólo hay seis o siete que quieren jubilarse ahora, cifra que podría llegar a aumentar hasta los diez a principios de 2007”. El número está muy lejos de los 66 magistrados y funcionarios que podrían acceder al régimen especial del 82% móvil.
“El argumento del peligro de un conflicto institucional por la causa judicial que suspende la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (impulsada por el Colegio de Abogados) se debilita. El proceso avanzará en la Cámara en lo Contencioso Administrativo y esperamos que esté resuelto hasta marzo en esa instancia, porque es un plazo razonable”, sostuvo.
Dato admitió que si el Poder Ejecutivo dispone modificar el decreto de integración del CAM, tal como lo adelantó el gobernador José Alperovich, se produciría un hecho nuevo que modificaría el centro del reclamo de los abogados. La innovación consistiría en el cambio del sexto vocal, con el reemplazo del representante de los letrados por un delegado de la Universidad Nacional de Tucumán.

Decisión individual
El titular de la Corte subrayó que “hay dos cuestiones estrictamente personales: haber cumplido con los requisitos de edad (60 años), cantidad de aportes y permanencia en el cargo; y haber decidido jubilarse, porque no se obligará a nadie”.
“Estamos esperando que se publique la ratificación del acuerdo entre el PE y la Nación en el Boletín Oficial. Después, los interesados deberán ir a Contaduría de la Provincia a hacer números, porque los aportes previsionales son diferentes, caso por caso. Le hemos solicitado a la Anses que conforme una delegación especial de personal con formación jurídica y técnica para atender a los magistrados que se quieran jubilar, que pasarán a tener su propio legajo. Vamos a intentar que sea en tribunales, pero estaremos a la espera de lo que nos digan desde esa repartición”, explicó.

“El Poder Judicial está estudiando un aporte especial para los jueces, fiscales y defensores oficiales, para afrontar parte del aumento en los gastos previsionales que pasarán a tener con el nuevo régimen de retiro”, anunció Alfredo Carlos Dato.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia confirmó que se intentará reducir, a su menor impacto, la repercusión que tendrá en el bolsillo de los magistrados el acuerdo alcanzado con la Anses.
El juez supremo confirmó que, a partir de la puesta en marcha del pacto, los jueces deberán aportar al sistema previsional sobre el total de sus ingresos (actualmente sólo se lo hacía por alrededor del 50%); y en un monto mayor al que venían haciéndolo (12%, frente al 11% de quienes estaban en el régimen de reparto y del 7% de los que estaban en el de capitalización). La diferencia sería una merma de bolsillo del orden del 6% al 10%, lo que genera preocupación.
“El esfuerzo deberá ser compartido entre los futuros beneficiados y esta conducción del Poder Judicial. No será un aumento de sueldo, sino una ayuda con recursos propios que salgan de nuestras cuentas. Sería a partir del presupuesto 2007, en forma contemporánea a que comience a regir el sistema”, remarcó.