Peritan la computadora de un miembro del Jurado

La disputa entre el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) y el destituido juez federal Felipe Terán sube de voltaje. Como hechos nuevos, el primero informó a la sala II de la Cámara Penal de esta provincia que el también parlamentario peronista Manuel Justo Baladrón (PJ) votó siempre por la destitución de los magistrados en los procesos en los que le tocó intervenir como miembro del Jurado de Enjuiciamiento. Asimismo, reveló que la Justicia Federal porteña ordenó una pericia en la computadora asignada a Baladrón a fin de probar si, como este afirma, comenzó a elaborar su voto individual contra Terán el 28 de setiembre, inmediatamente después de que los abogados de las partes alegaron ante el Jurado.
Por medio de su abogado Fernando Jogna Prat, Vargas Aignasse concretó la manifestación el viernes, oportunidad en la que fue celebrada una audiencia a fin de que las partes pudieran acercar posiciones, cosa que no sucedió.
El diputado y el ex juez son recíprocamente denunciante y denunciado. El 30 de octubre, Terán pidió al juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral que investigue el presunto delito de extorsión o concusión en que habrían incurrido Vargas Aignasse y Baladrón. El ex magistrado acompañó una cinta en la que, según su versión, estaría grabada una conversión del 13 de octubre, en la que Vargas Aignasse le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón votara a favor de su absolución en el Jurado. El diputado replicó en Tucumán con una querella por supuestas injurias (deshonrar o desacreditar a otro).

Un gran enredo
Los hechos nuevo esgrimidos por Vargas Aignasse apuntan a probar que Baladrón comenzó a preparar su voto contra Terán el mismo 28 de setiembre, cuando los representantes del Consejo de la Magistratura (actuó como acusador) y la defensa del ex juez concretaron sus alegatos antes de que el Jurado se pronunciara. Este lo hizo el 18 de octubre y, por seis votos a tres, concluyó que Terán había incurrido en mal desempeño en la tramitación de causas judiciales vinculadas a títulos públicos.
Asimismo, el diputado se refirió a otro hecho vinculado a Baladrón, a quien pidió que lo citen como testigo. "A la decisión (de votar por la destitución de Terán) la comunica oficialmente a los otros miembros del Jurado en la reunión de acuerdo del 4 de octubre", destacó. Por ello, Vargas Aignasse solicitó a la Cámara Penal que oficie al juzgado de Canicoba Corral para que remita copias de las pericias efectuadas al disco rígido de la computadora personal que, como miembro del Jurado, le fue asignada a Baladrón para que trabajara en la sede del tribunal, Liberatd 731, tercer piso, de la Capital Federal.
En forma paralela, Ricardo Scheuermann, uno de los abogados de Terán, requirió a la Cámara Penal que rechace los hechos nuevos invocados, de los que Vargas Aignasse tomó conocimiento -según su presentación- después de haber promovido la querella. "No hacen al fondo de la cuestión", argumentó, reiteró que ratificaban todos los términos de la denuncia penal que habían deducido ante Canicoba Corral y agregó que la presentación de Vargas Aignasse estaba mal tipificada -por lo que debía ser desestimada-, ya que, en todo caso, debía haber accionado por presuntas calumnias (falsa imputación de un delito).
Pese a las objeciones de Terán, el diputado requirió que sean citados a declarar los nueve miembros del Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto mismo también había pedido Terán, pero en la causa promovida ante Canicoba Corral. El ex juez, sin embargo, había requerido también que fuera convocada la secretaria del tribunal, Silvia Catucci, a fin de establecer qué días deliberó el Jurado y cómo se fueron conformando los votos de la minoría y de la mayoría.
Vargas Aignasse también presentó ante la Cámara Penal -como hecho nuevo- las transcripciones de la cuestión de privilegio que el 8 de noviembre planteó ante la Cámara de Diputados contra Terán. "A partir del día en que terminamos de escuchar los alegatos y empezamos a trabajar en la confección del voto existió un único criterio: destituir al juez Terán", aseveró Baladrón en la ocasión.

"El Jurado de Enjuiciamiento llevó a cabo una suerte de casación política de las decisiones judiciales (de Felipe Terán), lo que naturalmente se inscribe fuera del marco de potestades de ese Jurado y habilita la intervención del alto tribunal". Esto aseveró la defensa del destituido juez federal para solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque el fallo del Jurado del 18 de octubre y ordene que sea dictado uno nuevo.
En un escrito de más de 80 carillas, Francisco J. D?Albora (h) dedujo una queja contra la resolución del Jurado que, el 23 de noviembre, rechazó el recurso extraordinario que habían interpuesto en el afán de que la Corte Suprema de Justicia revise si, durante el proceso que acabó con la destitución de Terán, fueron violadas las garantías de defensa de este.
D?Albora (h) insistió en que, más allá de que el Jurado concluyó que Terán había incurrido en mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos, aquel efectuó una valoración impropia de las resoluciones dictadas por el ex magistrado. "Ese tribunal carece de potestad para revisar las sentencias de nuestro defendido y discernir, de su contenido, el eventual mal desempeño", subrayó.
A lo largo del escrito, la defensa citó en numerosas ocasiones el voto que Eugenio Raúl Zaffaroni, en minoría junto a otros dos miembros del Jurado, efectuó a favor de la absolución de Terán.
Asimismo, para probar que el derecho de defensa de su defendido fue violado, D?Albora (h) endilgó al Jurado numerosas transgresiones. "La sentencia es arbitraria por contener afirmaciones que no se compadecen con las constancias de la causa, se sustenta en pruebas que no se encuentran en el expediente, prescinde de prueba aportada por esta defensa que resultaba conducente y por haber incurrido en autrocontradicción", dijo.

En la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver "Queja..."), Francisco J. D?Albora (h), abogado del destituido juez Felipe Terán, dedicó críticos párrafos a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, encargada de revisar las resoluciones de los jueces de primera instancia.
Concretamente, se refirió a la decisión de la Cámara Federal, del 24 de agosto, en que dejó sin efecto una medida cautelar que Terán había dispuesto contra el Estado en la causa "Fernández". "El fallo fue dictado transcurridos más de dos meses desde que el Consejo de la Magistratura había decidido acusar a nuestro defendido. Se trata más bien de una clara demostración del temor de los magistrados de correr la misma suerte que Terán y de resultar enjuiciados por el contenido de sus sentencias", dijo D?Albora (h). Agregó que, antes, la Cámara había dictado numerosos fallos, en los que en ningún momento había cuestionado la falta de precisión sobre la fecha de adquisición de los títulos públicos.