En pocas palabras

“Recibimos informes de policías del Departamento de Investigaciones sobre una guerra de panfletos y campañas difamatorias que se iniciarán contra el ex gobernador Amado Juri y contra el vicegobernador Fernando Juri”. Así lo denunció ayer a la prensa el dirigente justicialista Enrique Romero. Este dijo que no reveló el nombre de los agentes que le proporcionaron los datos, pero sí que se trata de personas honorables.
El peronista dijo que el Poder Ejecutivo es responsable de evitar que esto se concrete, a partir de órdenes que pueda impartir el propio gobernador José Alperovich y del Ministerio de “inseguridad ciudadana”, según ironizó. “Es imposible que se practique este tipo de acciones, como si existiera una Gestapo en el Gobierno”, acotó.
Cuando se le consultó de quiénes sospechaba, Romero expresó: “existen dos posibilidades, que la orden haya salido desde el propio Ejecutivo o bien de aquellos al que Alperovich llama sus ‘forros’, después del acto de Graneros”.


El dirigente del Movimiento Popular Tres Banderas (MP3), Carlos Petersen, formuló querella criminal contra el gobernador José Alperovich; el secretario de Prensa y Difusión, Mauro Castagneri; el director de Medios, Ignacio Golobisky; el interventor de Canal 10, Raúl Armisen y el jefe del informativo de esa emisora, Osvaldo García. En la presentación, patrocinada por el constitucionalista Rodolfo Burgos, Petersen plantea que es empleado en el bloque del MP3, pero sostiene que hubo maniobras para deshonrarlo y desacreditarlo como si él fuera un ñoqui de la Legislatura. Recordó que el mandatario dijo que daría a conocer una lista de personas que cobran sin trabajar (él aparece mencionado), y acusó a Castagneri y a Golobisky de repartirla, y a García y a Armisen de difundirla.


El presidente de Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, solicitó a la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que suspenda la nueva integración de la Junta Electoral Provincial (JEP) a través del dictado de una medida cautelar. Según el letrado, los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la reformada Carta Magna son inconstitucionales. “Se introduce al fiscal de Estado (en reemplazo del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia), el abogado de confianza del gobernador José Alperovich que pretende ser reelecto. A esto se suma la ausencia de la obligación de tomar licencia durante la campaña política. Esto muestra que el oficialismo tendría dos representantes en la JEP (que integra el vicegobernador), con lo cual no se da ninguna garantía a la oposición”, señaló Avila Gallo.