Los abogados de Felipe Terán efectuarán hoy el último intento en el afán de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise si, durante el proceso que terminó con su destitución del juzgado federal número dos, fueron violadas sus garantías de defensa.
Ayer, desde Buenos Aires, Nicolás D’Albora confirmó que, a las 10, deducirán una queja contra la resolución por medio de la cual el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados declaró inadmisible el recurso extraordinario que habían deducido contra el fallo del 18 de octubre. Ese día, el Jurado removió a Terán por mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
El letrado anticipó algunas de las razones que esgrimirán en la queja. “La resolución del Jurado se basa en afirmaciones dogmáticas, carentes de fundamentación, que no se compadecen con los agravios que deducimos por medio del escrito en el que planteamos el recurso extraordinario”, expresó.
Hace una semana, el Jurado, formado por nueve miembros (tres jueces, tres legisladores y tres abogados), concluyó que Terán no había probado que fueron violadas las garantías de defensa para habilitar el recurso extraordinario. Esto es lo único que, eventualmente, puede revisar la Corte Suprema, ya que la Constitución encomienda al Jurado decidir si un magistrado incurrió en alguna causal de destitución.
D’Albora cuestionó las conclusiones del Jurado. “Durante el proceso de destitución fue violado el principio de congruencia. En el momento de los alegatos, la acusación (representaba al Consejo de la Magistratura) no sostuvo todos los hechos por los cuales Terán había sido suspendido o introdujo cuestiones que no habían sido motivo de imputación”, aseveró.
Una aclaratoria
Ayer, mientras tanto, el juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) notificó de una aclaratoria que efectuó a la resolución por medio de la cual dispuso el procesamiento de los seis imputados en la causa “Borquez”.
Racedo precisó que a Yolanda Borquez, en la supuesta tentativa de defraudación al fisco, le cabía la calificación de presunta partícipe necesaria (y no de autora); y a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca, en la presunta falsedad ideológica de instrumento público, les correspondía supuesta participación necesaria, pero no agravada por la condición de funcionarios, como decía originariamente.
El juez federal destituido Felipe Terán y el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) propusieron peritos de parte para que participen de la desgrabación del casete que el primero entregó en la Capital Federal al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Terán formuló una denuncia penal contra Vargas Aignasse y contra el también diputado peronista Manuel Baladrón por supuesta extorsión, y ofreció la cinta. Esta, según su versión, registra la conversación en la que Vargas Aignasse le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón (PJ) votara a favor de su absolución en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Canicoba Corral ordenó al Area de Estudios Especiales de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional que efectúe una limpieza de los sonidos que hay en el casete, que transcriba el contenido y que especifique si es original o si se trata de una cinta montada (editada adrede).
Como consecuencia, Terán ofreció como perito a Juan Dragotto, experto en sonido y digitalización de Córdoba (ya aceptó la propuesta), mientras que Vargas Aignasse hizo lo mismo con Pablo Sala.
Mientras tanto, mañana se celebrará la audiencia de conciliación en la sala II de la Cámara Penal de Tucumán, ante la cual, a su vez, Vargas Aignasse denunció a Terán por supuestas injurias.
Ayer, desde Buenos Aires, Nicolás D’Albora confirmó que, a las 10, deducirán una queja contra la resolución por medio de la cual el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados declaró inadmisible el recurso extraordinario que habían deducido contra el fallo del 18 de octubre. Ese día, el Jurado removió a Terán por mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
El letrado anticipó algunas de las razones que esgrimirán en la queja. “La resolución del Jurado se basa en afirmaciones dogmáticas, carentes de fundamentación, que no se compadecen con los agravios que deducimos por medio del escrito en el que planteamos el recurso extraordinario”, expresó.
Hace una semana, el Jurado, formado por nueve miembros (tres jueces, tres legisladores y tres abogados), concluyó que Terán no había probado que fueron violadas las garantías de defensa para habilitar el recurso extraordinario. Esto es lo único que, eventualmente, puede revisar la Corte Suprema, ya que la Constitución encomienda al Jurado decidir si un magistrado incurrió en alguna causal de destitución.
D’Albora cuestionó las conclusiones del Jurado. “Durante el proceso de destitución fue violado el principio de congruencia. En el momento de los alegatos, la acusación (representaba al Consejo de la Magistratura) no sostuvo todos los hechos por los cuales Terán había sido suspendido o introdujo cuestiones que no habían sido motivo de imputación”, aseveró.
Una aclaratoria
Ayer, mientras tanto, el juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) notificó de una aclaratoria que efectuó a la resolución por medio de la cual dispuso el procesamiento de los seis imputados en la causa “Borquez”.
Racedo precisó que a Yolanda Borquez, en la supuesta tentativa de defraudación al fisco, le cabía la calificación de presunta partícipe necesaria (y no de autora); y a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca, en la presunta falsedad ideológica de instrumento público, les correspondía supuesta participación necesaria, pero no agravada por la condición de funcionarios, como decía originariamente.
Peritos de las partes colaborarán en una desgrabación
El juez federal destituido Felipe Terán y el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) propusieron peritos de parte para que participen de la desgrabación del casete que el primero entregó en la Capital Federal al juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Terán formuló una denuncia penal contra Vargas Aignasse y contra el también diputado peronista Manuel Baladrón por supuesta extorsión, y ofreció la cinta. Esta, según su versión, registra la conversación en la que Vargas Aignasse le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón (PJ) votara a favor de su absolución en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Canicoba Corral ordenó al Area de Estudios Especiales de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional que efectúe una limpieza de los sonidos que hay en el casete, que transcriba el contenido y que especifique si es original o si se trata de una cinta montada (editada adrede).
Como consecuencia, Terán ofreció como perito a Juan Dragotto, experto en sonido y digitalización de Córdoba (ya aceptó la propuesta), mientras que Vargas Aignasse hizo lo mismo con Pablo Sala.
Mientras tanto, mañana se celebrará la audiencia de conciliación en la sala II de la Cámara Penal de Tucumán, ante la cual, a su vez, Vargas Aignasse denunció a Terán por supuestas injurias.







