La pelea por los ñoquis llegó a la Justicia

La polémica generada en torno de  la cantidad de empleados parlamentarios llegó a la Justicia penal. Ayer, el abogado Alberto Colombres Garmendia denunció al gobernador José Alperovich ante el fiscal Arnoldo Suasnábar (estaba de turno la semana pasada) por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y por no haber planteado el hecho irregular en los tribunales.
El letrado aseveró que el mandatario (según sus propios dichos) “tenía conocimiento y prueba de la comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, realizado aparentemente por los legisladores José Cano, Roberto Palina y Alejandro Sangenis”.
“Tanto el cobrar una remuneración del Estado incumpliendo la contraprestación pactada (empleado ñoqui), como el nombramiento y encubrimiento de los mismos, constituyen sendos delitos que afectan gravemente al erario público y burlan la fe de los ciudadanos. Es completamente inexcusable la conducta del gobernador, quien no sólo habría conocido los hechos delictivos mencionados, sino que también habría tenido sólidas pruebas sobre ellos”, resaltó.
Colombres Garmendia consideró que Alperovich violó los artículos 248 y 277 del Código Penal. Por el primero, se castiga con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario que dicte o ejecute resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o que no cumpla con lo que mandan las normas. Por el segundo, se pena con prisión de seis meses a tres años (se duplica en caso de funcionario) a quien no  denuncia un delito o identifica a sus autores pudiendo hacerlo.
El abogado reclamó que se dicte el requerimiento de investigación jurisdiccional correspondiente (deberá ser efectuada por un juez penal) por los privilegios constitucionales con que cuenta Alperovich.