Revés del PE en la causa contra la reforma

La Cámara en lo Contencioso Administrativo aceptó la personería de las autoridades del Colegio de Abogados para realizar la demanda. Los magistrados analizarán la constitucionalidad del CAM y del Jurado de Enjuiciamiento.

UNANIMIDAD. Los miembros de la Cámara en lo Contencioso coincidieron en que Antonio Bustamante está habilitado para accionar judicialmente. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
UNANIMIDAD. Los miembros de la Cámara en lo Contencioso coincidieron en que Antonio Bustamante está habilitado para accionar judicialmente. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
Por Redacción Política 29 Noviembre 2006
Un nuevo revés sufrió ayer el Poder Ejecutivo en la causa del Colegio de Abogados contra la reforma de la Constitución provincial, que se tramita en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El tribunal rechazó dos planteos presentados por el Gobierno, referidos a defectos legales de la demanda (la calificaron de oscura y plantearon poca claridad en su objetivo) y a la falta de personería de las autoridades del colegio para impulsar el caso (debían acreditar haber sido autorizados); y difirió el pronunciamiento respecto de la falta de legitimación activa y pasiva en el juicio (derecho de iniciar y de ser el demandado en el proceso) hasta el dictado de la sentencia final.
Esto implica que los magistrados se podrán abocar ahora al análisis del fondo de la cuestión: la constitucionalidad de las creaciones del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento y la posibilidad de una enmienda de la Carta Magna por simple trámite parlamentario.
El fallo nada dispone sobre la medida cautelar que mantiene suspendida la integración del CAM. Desde tribunales trascendió que no habrá una revocación de esta decisión, y se recordó que el propio Gobierno no apeló la medida cuando pudo hacerlo, a mediados de año, por lo cual la consintió.
La resolución tiene los votos concurrentes de los camaristas Carlos Giovanniello y Enrique Guibert, y la disidencia parcial de Rodolfo Novillo, sobre un aspecto particular. En lo central, los tres magistrados coincidieron en que la causa podía seguir el trámite hasta su resolución, ya que el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, está habilitado para accionar judicialmente y que el objetivo de lo planteado por esa institución es inteligible.
Novillo consideró que algunas excepciones presentadas por el Estado no eran de previo y especial pronunciamiento, y que deberían ser juzgadas en la sentencia definitiva, criterio al que se adhirieron los otros vocales.

La disidencia
El único punto de disidencia estuvo referido a la publicidad oficial de una causa contra la Constitución provincial, aspecto que dejó al descubierto la crisis interna que atraviesa el tribunal por problemas de relación entre Giovanniello y Novillo.
El conflicto alrededor de esta causa se remonta al 30 de junio pasado, cuando Novillo dispuso que se publique la causa mediante edictos para posibilitar que otros interesados puedan sumarse al expediente, decisión que luego revocó Giovanniello en su carácter de presidente de la Sala II. En esta oportunidad, el primer magistrado insistió con su planteo y pidió la nulidad de oficio de la revocatoria del 4 de julio.
"La función del juez no puede ser pasiva y el proceso no puede estar sometido al mismo modelo ritual y criterio de disposición de las partes que rige en los pleitos privados de contenido económico y de interés individual exclusivo", dijo Novillo.
Giovanniello, por su parte, reivindicó su potestad para conducir el proceso en forma unipersonal y no colegiada como presidente del tribunal, y se mantuvo en su posición contra la publicidad y apertura de la causa a terceros. Guibert compartió el criterio de Giovanniello respecto de la conducción de un juicio, pero opinó que debe remitirse el expediente a la fiscal de Cámara, Elena Sangenis de Terraf.