La transparencia hace a la calidad institucional

"Es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él... y va hasta donde encuentra límites". En 1748, Montesquieu planteó en su obra "El espíritu de las leyes" la importancia que adquiere el equilibrio en cualquier sociedad. La cita de uno de los más influyentes teóricos de la división de poderes permite actualizar la discusión respecto de la calidad de los estamentos de control público existentes en la provincia. Más aún, cuando está próximo a iniciarse el debate legislativo en torno del informe de la Cuenta de Inversión 2005 provincial, elaborado por el Tribunal de Cuentas (TC). En el expediente, el órgano de control público realizó marcadas observaciones a la rendición de cuentas del anterior ejercicio fiscal.
Los especialistas coinciden en que la madurez de cualquier sistema político está en la base de un efectivo control de los actos de quienes gobiernan. En efecto, se entiende que aquella sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene constitución. Esa concepción fue reconocida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789), en la que se afirma que el pueblo tiene el deber de pedir a todo funcionario que rinda cuentas por su administración.
Pero, a juzgar por las advertencias formuladas por el TC, los interrogantes adquieren una relevancia singular en la realidad provincial. ¿Los órganos de control son eficaces? ¿Necesitan nuevas herramientas de trabajo, modificaciones normativas o mayor facilidad para acceder a la información pública? ¿Es conveniente la aplicación de un control preventivo o de uno posterior?

Una cuestión cultural
Sin lugar a dudas, cualquier fortalecimiento institucional y administrativo de los controles clásicos contribuirá para exigir una mayor responsabilidad a los funcionarios. Sin embargo, los administrativistas concluyen en que no basta sólo con introducir modificaciones internas. Afirman que es necesario, por un lado, transformar el modelo y el estilo de la gestión que se debe controlar y, por otro, sumar mayores instancias de participación externa (léase organizaciones no gubernamentales, medios de información y hasta agrupaciones políticas).
Según entiende la economista y ex auditora General de la Nación, Emilia Lerner, "pretender que el problema se resuelva sólo mediante modificaciones normativas, implicaría caer nuevamente en los supuestos del control formal, porque el papel de las normas depende del criterio con que se las interpreta y aplica, y en ello juegan un papel esencial los valores e intereses".
En el mismo sentido, el profesor en Derecho Administrativo de la UNT, Roberto Sobrecasas, sostiene que el principal problema es cultural. "No se trata de un problema jurídico: hay leyes de sobra y los controles y procedimientos están fijados; sólo se debe ejercerlos y cumplirlos", advierte el ex titular de Ciudadanos Independientes.

Los casos local y nacional
En Tucumán, como en la mayoría de las provincias del país, las tareas de contralor están a cargo del Tribunal de Cuentas. El organismo funciona según las pautas de la Ley de Administración Financiera y está diseñado para observar el cumplimiento formal de las leyes y la regularidad contable de los actos estatales. Entre las facultades se destaca la posibilidad de verificar la legitimidad de los actos en forma previa a su ejecución. El TC puede aprobar las decisiones oficiales o suspender sus efectos y, en algunos casos, promover acciones administrativas o judiciales para determinar la responsabilidad de los funcionarios.
A partir de la reforma constitucional de 1994, la Nación incorporó la Sindicatura General de la Nación: una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera que sólo depende del Presidente. Está abocada al control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional, así como de los organismos descentralizados. Los mecanismos de control se complementan con la Auditoría General (tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada). Y finalmente con la Defensoría del Pueblo, que tiende a la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos tutelados en la Constitución.
En un análisis del caso argentino, Lerner concluye en que para lograr un sistema de control exitoso, la opinión pública debe ser el aliado más efectivo de los organismos específicos. "El ?control de los controladores? requiere, pues, de ciudadanos virtuosos, pero también de mecanismos para que esos ciudadanos dispongan de información, la discutan y propongan las medidas de corrección que estimen necesarias", asevera la docente.

Por José Nadef - ex vocal del tribunal de cuentas
Quizás ocupados en estos 20 últimos años en la elementalidad de elegir la democracia como forma de vida, los argentinos dejamos pendientes un tema central: la calidad institucional, a la que no dudo ya está abocado el país. Este tema tiene un tópico básico: transparencia en el uso de los dineros públicos. Esto supone cubrir dos aspectos: acceso del ciudadano al conocimiento de lo que se hace con los dineros del Estado y su complemento: la rendición de cuentas de los funcionarios.
La rendición se concreta a través de la Cuenta de Inversión, que es el Informe que hace el PE a la Legislatura informándole anualmente acerca de en qué y cómo se aplicaron los recursos del Presupuesto. Este control constitucional es sin dudas el ?ABC? de todo el sistema de control y por eso cierra el circuito virtuoso del control: se informa a la Cámara con un dictamen técnico previo del Tribunal de Cuentas (TC). No olvidemos que el análisis del TC se efectúa usando las normas profesionales de auditoría: con esto quiero fortalecer la trascendencia de la Cuenta de Inversión, pues si bien es estrictamente política y no tiene efectos formales, debería convocar a un sano y constructivo debate acerca de la legalidad en el uso de los recursos, del grado de cumplimiento de los objetivos de gobierno (eficacia), del más eficiente uso de los recursos (eficiencia) y del mejoramiento de los sistemas de información y el acceso a los mismos.
Más aún, la moderna teoría política ubica al control y dentro de él a la rendición de cuentas, en el centro del desenvolvimiento de la democracia. El gobernante es responsable porque debe responder. Y este asunto que va a debatir la Legislatura es la rendición de cuentas de mayor jerarquía de la democracia: el PE rinde cuentas a los representantes del pueblo. Lamentablemente, nunca, ni a nivel nacional ni provincial, esta rendición tuvo importancia.
A nivel nacional, donde requiere aprobación explícita, recién este año se aprobó la rendición de cuentas de 1997. Nada se hizo con la de los años siguientes hasta el 2005 y jamás trató el Congreso las de los años 94, 95 y 96. A nivel provincial, donde la ley permite la aprobación automática, es la primera vez en la historia que se discute la cuenta. A tal punto que la Legislatura, para no pagar costo político alguno por su aprobación explícita, dejaba correr los plazos.

Por Alberto Darnay - ex legislador - autor de la ley 6.970
Cuando sancionamos la Ley de Administración Financiera (6970), fijamos los objetivos para lograr un sistema de contabilidad pública y de control que permita exponer los resultados de la gestión de fondos públicos, garantizando el ejercicio de los mecanismos republicanos de control en los actos de gobierno.
La ley implica un nuevo modelo de gestión para el Estado y tiene como objetivo transparentar la situación financiera y su evolución. Razón suficiente y necesaria para la aplicación en forma inmediata; pero, a pesar de que el entonces legislador José Alperovich se había adherido con su firma al proyecto, cuando asumió como ministro de Economía y luego como gobernador, nunca quiso aplicarla, tal vez por desconocer su espíritu o por conveniencia en el modo de manejar los recursos de los tucumanos.
La gestión actual recurre a normas contables de características obsoletas, que impiden que se aplique o se garantice un sistema integrado de contabilidad en lo que hace a tesorería y a registro de la deuda pública. Es así que desde la elaboración del Presupuesto no permite hacer una evaluación de la gestión de los recursos y gastos.
Esto muestra que el poder administrador pretende generar un velo en el que nunca se sabe la real situación financiera, patrimonial y presupuestaria de la provincia.
También, estas actitudes demuestran que se aleja de los cánones legales, reglamentarios y de transparencia que requiere la gestión de la cosa pública y que hacen caer un manto de sospecha sobre la capacidad y el decoro de los responsables. La contabilidad no presenta información sobre los movimientos de todos los fondos, títulos y valores de la Provincia, el Sistema Patrimonial del Estado Provincial no involucra a la totalidad de bienes ni asigna valor a los mismos, ya que el actual esquema está basado en un conjunto de contabilidades, las que en muchos casos no presentan interconexiones predefinidas y ordenadas
Es imprescindible adecuar las registraciones para brindar informes confiables reconocidas. Dentro de la Ley de Administración Financiera, está prevista la conformación de la Comisión Especial, que es la herramienta que tiene la Legislatura para analizar la Cuenta de Inversión y asumir el rol de representantes de los tucumanos y emitir un dictamen sobre la gestión del PE durante el último ejercicio.