Francisco J. D?Albora (h), abogado del destituido juez federal Felipe Terán, confirmó ayer a LA GACETA que interpondrán una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados les denegó el recurso extraordinario que habían deducido.
Terán había planteado el recurso en el afán de que la Corte revisara si, durante el proceso que concluyó el 18 de octubre con su remoción del juzgado federal número dos, fueron violados sus derechos constitucionales. Pero el Jurado, que preside Eugenio Raúl Zaffaroni, concluyó: "no se advierte que en el caso se haya conculcado la garantía de defensa en juicio o el debido proceso, que harían lugar a la admisibilidad del remedio federal".
Como consecuencia, ahora el ex magistrado insistirá ante la propia Corte Suprema con una queja por recurso denegado.
En su planteo, Terán se había basado -entre otras razones- en el voto en disidencia de Zaffaroni (el fallo del Jurado fue dividido). Este opinó que los acusadores (los representantes del Consejo de la Magistratura), en el momento de formular los alegatos finales, no habían hecho referencia a todas las causas ni cargos por los cuales el ex juez había sido acusado.
Frente al argumento de Terán, el jurado fue contundente. "Esto (por el voto de Zaffaroni) sólo evidencia una mera disparidad de criterios respecto de la selección de los hechos. Estos, según el criterio de la mayoría del Jurado (léase seis miembros), configuraban la causal de mal desempeño a la luz de las pruebas examinadas, cuestión que no puede servir de fundamento para invocar violación a las mencionadas garantías constitucionales", concluyeron los nueve miembros.
El caso de Baladrón
Aunque sin mencionarlo expresamente, el jurado hizo una referencia a las objeciones que Terán había planteado contra uno de los miembros del tribunal, el diputado Manuel Baladrón (PJ). El ex magistrado lo denunció penalmente porque, según asevera, el diputado tucumano Gerónimo Vargas Aignasse (también del PJ) le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón votara por su absolución.
Sobre la cuestión vinculada a Baladrón, el jurado respondió: "el agravio inherente al vicio de voluntad de un miembro del jurado carece de fundamentación suficiente, dado que alude a una hipótesis no acreditada legalmente".
Como consecuencia de la denuncia, Baladrón había solicitado que lo excusaran de pronunciarse respecto del planteo de Terán, pero sus pares desestimaron su pedido. Por ello, el diputado, junto a otros tres miembros del tribunal (Enrique Basla, Eduardo Roca y Guillermo Sagués), amplió los fundamentos acerca de por qué debía ser denegado el recurso al ex juez.
Baladrón y los otros tres jueces subrayaron que, para habilitar el recurso, el menoscabo a las garantías señaladas debía ser nítido, inequívoco y concluyente. "Por la naturaleza del enjuiciamiento político, no resultan exigibles las rígidas reglas del proceso en materia criminal, bastando que el acusado tenga oportunidad de conocer los hechos en materia de acusación, defenderse adecuadamente y ofrecer medidas de prueba", determinaron. "No se advierte en qué consistió la lesión a la garantía de la defensa en juicio, pues en el informe final los abogados defensores se refirieron de modo pormenorizado -y rechazaron- una a una todas las imputaciones efectuadas en el escrito de acusación, y ratificadas en el alegato por el representante del Consejo de la Magistratura", sentenciaron.
Terán había planteado el recurso en el afán de que la Corte revisara si, durante el proceso que concluyó el 18 de octubre con su remoción del juzgado federal número dos, fueron violados sus derechos constitucionales. Pero el Jurado, que preside Eugenio Raúl Zaffaroni, concluyó: "no se advierte que en el caso se haya conculcado la garantía de defensa en juicio o el debido proceso, que harían lugar a la admisibilidad del remedio federal".
Como consecuencia, ahora el ex magistrado insistirá ante la propia Corte Suprema con una queja por recurso denegado.
En su planteo, Terán se había basado -entre otras razones- en el voto en disidencia de Zaffaroni (el fallo del Jurado fue dividido). Este opinó que los acusadores (los representantes del Consejo de la Magistratura), en el momento de formular los alegatos finales, no habían hecho referencia a todas las causas ni cargos por los cuales el ex juez había sido acusado.
Frente al argumento de Terán, el jurado fue contundente. "Esto (por el voto de Zaffaroni) sólo evidencia una mera disparidad de criterios respecto de la selección de los hechos. Estos, según el criterio de la mayoría del Jurado (léase seis miembros), configuraban la causal de mal desempeño a la luz de las pruebas examinadas, cuestión que no puede servir de fundamento para invocar violación a las mencionadas garantías constitucionales", concluyeron los nueve miembros.
El caso de Baladrón
Aunque sin mencionarlo expresamente, el jurado hizo una referencia a las objeciones que Terán había planteado contra uno de los miembros del tribunal, el diputado Manuel Baladrón (PJ). El ex magistrado lo denunció penalmente porque, según asevera, el diputado tucumano Gerónimo Vargas Aignasse (también del PJ) le habría ofrecido un acuerdo para que Baladrón votara por su absolución.
Sobre la cuestión vinculada a Baladrón, el jurado respondió: "el agravio inherente al vicio de voluntad de un miembro del jurado carece de fundamentación suficiente, dado que alude a una hipótesis no acreditada legalmente".
Como consecuencia de la denuncia, Baladrón había solicitado que lo excusaran de pronunciarse respecto del planteo de Terán, pero sus pares desestimaron su pedido. Por ello, el diputado, junto a otros tres miembros del tribunal (Enrique Basla, Eduardo Roca y Guillermo Sagués), amplió los fundamentos acerca de por qué debía ser denegado el recurso al ex juez.
Baladrón y los otros tres jueces subrayaron que, para habilitar el recurso, el menoscabo a las garantías señaladas debía ser nítido, inequívoco y concluyente. "Por la naturaleza del enjuiciamiento político, no resultan exigibles las rígidas reglas del proceso en materia criminal, bastando que el acusado tenga oportunidad de conocer los hechos en materia de acusación, defenderse adecuadamente y ofrecer medidas de prueba", determinaron. "No se advierte en qué consistió la lesión a la garantía de la defensa en juicio, pues en el informe final los abogados defensores se refirieron de modo pormenorizado -y rechazaron- una a una todas las imputaciones efectuadas en el escrito de acusación, y ratificadas en el alegato por el representante del Consejo de la Magistratura", sentenciaron.







