Rechazan un planteo del ex juez Terán

Comienzan a cerrarse las vías procesales para Felipe Terán. Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación rechazó terminantemente el recurso extraordinario que había interpuesto contra el fallo por medio del cual aquel órgano, el 18 de octubre, lo había destituido del juzgado federal número dos, según confirmaron a LA GACETA fuentes del tribunal.
El objetivo del magistrado era que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara si sus garantías de defensa habían sido violadas durante el proceso que acabó con su remoción. Pero el tribunal que preside Eugenio Raúl Zaffaroni consideró que no estaban dadas las condiciones para abrir esta vía procesal extraordinaria.
El jurado no hizo más que ratificar su propia jurisprudencia, según la cual las decisiones del tribunal son irrecurribles, dado que a él, la Carta Magna le ha encomendado exclusivamente la función de determinar cuándo los jueces federales incurren en mal desempeño o en otra causal que justifique su apartamiento del cargo.
Ahora a Terán le queda deducir una queja -por recurso denegado- ante la propia Corte Suprema. Esto es lo que hizo anteriormente -sin éxito- la mayoría de los magistrados que pasó por una situación similar. En decisiones vinculadas a la materia, el tribunal superior del país, si bien reconoció que sólo al Jurado le corresponde juzgar sobre la conducta de los jueces, aclaró que él se reserva controlar, eventualmente, si durante los procesos de destitución fueron respetadas las garantías que salvaguardan el derecho de defensa.
En su planteo, el ex magistrado sostuvo que su derecho de defensa había sido flagrantemente violado. Por el contrario, cuando le corrieron vistas de la presentación, la acusación (encabezada por el diputado Carlos Kunkel, en representación del Consejo de la Magistratura) señaló que la defensa no había logrado enumerar esas transgresiones y ni tampoco qué efecto diferente habrían tenido en el resultado del proceso si hubieran sido subsanadas. Además, agregó que Terán, durante los alegatos, había tenido la oportunidad de contestar a todas las imputaciones que se le habían efectuado.
Por seis votos a tres, el Jurado destituyó al ex juez por entender que incurrió en mal desempeño durante la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos. Por este motivo, en el ámbito penal, en dos investigaciones diferentes, pesa sobre el ex magistrado la imputación de haber participado presuntamente en tentativas de defraudación contra el Estado nacional.



Ayer, en Buenos Aires, quedó demostrado el peso que el estamento político tendrá en el nuevo Consejo de la Magistratura de la Nación, formado por sólo 13 miembros (antes tenía 20). Aunque hubo quórum para sesionar, los representantes del oficialismo (los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, los senadores Nicolás Fernández y María Leguizamón, y el consejero del Poder Ejecutivo, Marcela Losardo) no asistieron. Como consecuencia, pese a tres intentos fallidos, no pudo elegirse al presidente de los próximos cuatro años. 
La nueva ley (la 26.080), en el artículo 10, exige que el presidente sea ungido por la mayoría absoluta de sus miembros (siete votos de 13). Durante el plenario de ayer -el primero con la nueva conformación- asistieron ocho consejeros: los tres representantes de los jueces (Luis María Cabral, Luis María Bunge Campos y Juan Gálvez), los dos abogados (Santiago Montaña y Pablo Mosca), los dos políticos de la oposición (el senador Ernesto Sanz y el diputado Federico Storani, ambos del radicalismo), y el consejero por los académicos (Mariano Candioti).
En las tres votaciones nominales, el resultado fue el mismo, a pesar de que después del primer intento fue dispuesto un cuarto intermedio de 15 minutos, en el afán de que los consejeros presentes pudieran ponerse de acuerdo, pero fue en vano. En todos los casos, Cabral, el candidato de los jueces, obtuvo seis votos, y el de los abogados, Mosca, dos (el suyo y el de su par).
La reunión se postergó para el jueves. Antes de ese día ocurrirá un hecho que puede tener relevancia: el martes hay elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.



Ayer se presentó ante la Justicia Federal  el ex subjefe de la Policía, Roberto Heriberto “El tuerto” Albornoz, y hoy será el turno del ex titular del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien se encuentra en Córdoba, donde cumple prisión preventiva. A ambos los investigan -entre otros cientos de causas- por el secuestro y desaparición del odontólogo Hugo Alberto Díaz, ocurrido el 8 de junio de 1976.
En compañía de su abogado, Ezequiel Avila Gallo (h), el ex comisario se presentó ante el juez federal Jorge Parache y negó haber sido el autor mediato del secuestro de Díaz. El letrado defensor justificó la posición procesal de su cliente. “Rechazó la imputación porque nunca fue jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía. También dijo que nunca recibió ni transmitió ninguna orden para secuestrar o hacer desaparecer personas, ni prestó consentimiento para un plan en tal sentido”, aseguró Avila Gallo (h) a LA GACETA.
Díaz, que había militado en la Juventud Peronista, era subdirector de Odontología de la Secretaría de Salud Pública de la Provincia, tenía 33 años y estaba durmiendo junto a su esposa, en su casa (avenida Roca 370), cuando cinco encapuchados lo sacaron de su domicilio, a las 3.20. “No haga la denuncia, porque será mucho peor”, le advirtieron los secuestradores a la mujer. La última vez que lo vieron fue en la Jefatura de Policía, donde funcionaba un centro clandestino de detención de personas.