Nueva estrategia para integrar el CAM

La ratificación parlamentaria del régimen especial de jubilación de magistrados y funcionarios permitirá el retiro masivo de miembros del Poder Judicial. Se calcula que alrededor de 66 jueces, fiscales y defensores oficiales y unos 50 empleados jerárquicos estarán en condiciones de dejar sus cargos a partir de diciembre, cuando comience a hacerse efectivo el acuerdo alcanzado entre la Provincia y la Anses nacional.
El convenio será avalado por unanimidad mañana en la Legislatura -según trascendió- en una clara señal política de respaldo al Poder Judicial. Sin embargo, en el debate, varios se referirán a la impugnación del Colegio de Abogados contra la reforma constitucional, que tiene paralizada la puesta en marcha del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
En concreto, sigue vigente la medida cautelar que paraliza el CAM, dictada por el camarista en lo contencioso administrativo Carlos Giovanniello. Por ello, las vacantes que se produzcan no podrán ser cubiertas.
La estrategia para destrabar esta situación es que el Poder Ejecutivo modifique el decreto de integración del CAM, retirando del cuerpo al representante de los abogados (debía ser elegido por sorteo) y designando en su reemplazo a un delegado de la Facultad de Derecho de la UNT. Si el decreto es modificado, la cautelar dejaría de tener efecto, sin que haga falta siquiera una nueva resolución de Giovanniello, ya que el magistrado suspendió una norma que quedaría sin vigencia.
La alternativa para los abogados o para cualquier ciudadano que se sienta afectado por la decisión del PE sería presentar otra acción judicial, la que deberá ser estudiada oportunamente. Hasta tanto, el CAM podría ser conformado y empezar su labor. El nuevo decreto está a la firma del gobernador José Alperovich.

La causa judicial
El expediente que impulsan los abogados es analizado por un tercer magistrado, luego de que Giovanniello y Rodolfo Novillo (miembros de la Sala II de la Cámara) no se pusieran de acuerdo en sus votos respecto de la marcha del trámite, aunque había consenso en varios aspectos. Para zanjar la diferencia, actúa ahora el vocal de la Sala III, Enrique José Guibert. El magistrado emitiría su voto en los próximos días.
El debate está centrado en las excepciones previas del Gobierno contra la acción del colegio, a quien no reconocen legitimado para interponer un planteo contra la reforma. Desde el PE también cuestionaron que hayan sido demandados (legitimación pasiva) y afirmaron que la pretensión es confusa y poco precisa en cuanto a sus objetivos. Los abogados refutaron todas las objeciones.
Luego de que se supere esta etapa, los magistrados deberán avanzar sobre el fondo de la cuestión: la constitucionalidad de los institutos del CAM y del Jurado de Enjuiciamiento (ambos con mayoría del sector político) y la posibilidad de la enmienda a la Carta Magna por vía legislativa, sin necesidad de llamar a otra Convención Constituyente.


“Es así; la cautelar queda sin efecto”. Así lo expresó anoche a LA GACETA el secretario del Colegio de Abogados de Tucumán, Francisco García Posse, en referencia al nuevo decreto de integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que daría a conocer el Poder Ejecutivo. En la nueva iniciativa el Gobierno reemplaza al representante de los abogados por uno de la Facultad de Derecho de la UNT. Este elemento es lo que haría caer el planteo judicial de la entidad que nuclea a los letrados, según lo confirmó García Posse.
El directivo admitió que ya había analizado la posibilidad de que el PE cambiara el texto de la formación del CAM. “Tendremos que analizar el nuevo decreto para ver si hay bases para realizar un nuevo recurso, ya que nuestras objeciones eran contra el anterior”, indicó. Recordó que el Colegio de Abogados cuestionó la cláusula constitucional que habilitaba al PE a dictar el decreto de integración del CAM.
“En principio este tendría los mismos cuestionamientos que el anterior, pero hay que analizar”, finalizó García Posse.