Amaya quiere un tributo de $ 700 por mes

La intendencia de la capital decidió jugar una apuesta fuerte en la polémica por el tributo que deben pagar los propietarios de las salas de juego de azar. El intendente, Domingo Amaya, quiere mantener los $ 700 mensuales por cada maquinita, como lo establece la ordenanza tarifaria actual. De ese modo, el municipio podría recaudar más de $ 10 millones anuales, sólo en el rubro de las maquinitas.
El veto parcial de Amaya fue redactado ayer, hasta después de las 21.30, por el secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi; el subsecretario de esa cartera, Ramón Berrondo; el fiscal municipal adjunto, Hernán José Colombres, y el subsecretario de Gobierno, Walter Berarducci.
Ese documento será puesto hoy, a primera hora, a disposición de Amaya para su firma y luego, antes del mediodía, será comunicado al Concejo.

Subas y bajas
Las idas y vueltas en el tributo por las tragamonedas comenzaron el 20 de octubre, cuando el intendente Amaya envió el proyecto de la nueva ordenanza tarifaria. En esa iniciativa, se fijó un tributo de apenas $ 100 mensuales. Pero un grupo de 10 concejales de dos comisiones (Hacienda y Peticiones) firmó un dictamen unánime para mantener los $ 700 mensuales por cada tragamonedas. Sin embargo, al momento de tratarse en el recinto, la intendencia pidió frenar el debate por considerar que la cifra era “demasiado excesiva”.
En aquel momento, la directora de Ingresos Públicos, Alicia Lerech, visitó el Concejo Deliberante para pedir una reducción del tributo. Ante ese pedido, los ediles accedieron a fijar un monto de $ 116 mensuales. Mientras tanto, el radical José Luis Avignone firmó otro dictamen para sostener los $ 700 por mes.
De ese modo, los concejales llegaron al recinto, el miércoles pasado, con dos dictámenes: uno con un monto de $ 700 mensuales y otro por $ 116 por mes. Sorpresivamente, un sector del oficialismo, en plena sesión, propuso bajar aún más el tributo hasta fijarlo en $ 90 por mes y obtuvieron 10 votos (incluyendo al concejal Hugo Danesi).
Ahora, en cambio, si los concejales quieren dar pelea e insistir en esa cifra necesitarán sumar dos votos más, porque se requiere el voto de los dos tercios (12 ediles) para enfrentar un veto.
En el medio de la polémica, el interventor de La Caja Popular, Osvaldo Jaldo, había señalado que, a su entender, el tributo por cada maquinita no debía ser superior a los $ 600 que pagan de canon por el derecho de explotación. El veto de Amaya eleva el tributo municipal por encima del canon. Desde la intendencia se argumentó que los propietarios de las salas de juego se niegan a brindar información sobre cuánto dinero recaudan las tragamonedas. Inclusive, la Caja Popular no quiso responder a un pedido de informes el 9 de junio de este año. “Solamente en virtud de orden de un juez competente, puede el directorio (de la Caja Popular) suministrar informes sobre las operaciones de sus clientes y la documentación administrativa”, señala un escrito del gerente de juegos, Salvador Fernández.