Concejales afirman que no los sorprendió el veto

"No me sorprende la decisión de vetar la ordenanza, está en su derecho de hacerlo". (Ramón Cano, PJ, presidente del Concejo Deliberante)
"Fue un veto positivo, supo entender a tiempo el reclamo de amplios sectores de la ciudadanía". (José Luis Avignone, UCR)
"Dentro de la división de poderes cada uno conoce su responsabilidad" (Juan Carlos Mamaní, PJ).
"Que no piense Amaya que con un simple veto queda libre de culpa y cargo, pues fueron sus funcionarios los que indujeron a volver el proyecto a comisión cuando ya tenía un dictamen unánime sobre los $ 700 mensuales para cada máquina tragamonedas". (Claudio Viña, FR)

Pocas respuestas
Los concejales de la capital, los pocos que hablaron con LA GACETA (muchos pidieron ser llamados en 30 minutos, tras lo cual los celulares se apagaron; especialmente los de los justicialistas), dijeron que la decisión del intendente Domingo Amaya, de vetar la rebaja tributaria a las maquinitas tragamonedas, no los sorprendió o bien la festejaron. O, como en el caso de Cano (del gremio camionero) y de Mamaní, apuntaron que el rechazo figura entre las atribuciones del jefe municipal.
¿Es posible que el Concejo insista si es que se concreta el veto anunciado por Amaya?, se les consultó a ambos dirigentes del peronismo. "El proyecto vino de la intendencia, si él cree conveniente hacerle modificaciones está en todo su derecho; que envíe los cambios que estime convenientes y nosotros los vamos a hacer", respondió Cano. En tanto, Mamaní contestó: "todavía no fue comunicada (la ordenanza); no nos podemos adelantar a los hechos. Nosotros somos respetuosos de la resolución del intendente, pero también de la nuestra. Después se verá qué pasa en el Concejo, si es vetada".

El canon mensual
Los ediles de la oposición también se pronunciaron. Avignone consideró positivo el veto parcial. " (Amaya) supo entender a tiempo el reclamo de amplios sectores de la ciudadanía, que se manifestaron contrarios a la aberración sancionada", expresó. Y añadió: "esperamos que en el proyecto alternativo se mantenga lo que especifica la ordenanza tarifaria vigente, que es de $ 700 el canon para cada tragamonedas".
Por su parte, Viña consideró que si bien la rebaja tributaria a $ 90 fue la piedra del escándalo, los $ 116 que se consideró en un principio también constituía una rebaja inusitada. "Es una actividad que sólo produce ganancias, por lo que implicaba una burla para los contribuyentes y para toda la sociedad", sostuvo.
Al igual que el concejal radical, el bussista opina que debe fijarse el tributo en $ 700 mensuales o bien que el intendente fije el que considere apropiado para que en las próximas sesiones no haya órdenes de arriba.
Para justificar el veto, Amaya señaló que no puede promulgar normas que gestionen situaciones de inequidad, mucho menos cuando están sospechadas.


"La sanción de la ordenanza que reduce los tributos de las tragamonedas tiene tan mal olor como el tratamiento de la basura, cuando estos mismos concejales votaron a favor de la empresa 9 de Julio", dijo el titular de la convención radical, Ariel García, quien salió en defensa del legislador Juan Roberto Robles. Este había denunciado a 10 ediles en la Justicia por cohecho. "Esta ordenanza en una nueva bofetada del alperovichismo a los vecinos de la ciudad", dijo, a la vez que festejó el veto del intendente Domingo Amaya.


El legislador Alejandro Sangenis (MP3) señaló: "el papelón de la rebaja tributaria a las maquinitas muestra que el vicio y la corrupción van de la mano". "En Tucumán, el Gobierno y el juego están siempre fuera de la ley", agregó, y propuso que la única forma de terminar con estos negociados es la inmediata sanción de una ley de juegos. "Algo a lo que sistemáticamente se viene negando el oficialismo", señaló. El parlamentario culpó al gobernador José Alperovich de fomentar el juego de azar.


"El Concejo modificó los tributos de las maquinitas en una sesión poco transparente", señaló Sandra Manzone, del ARI local. Sostuvo que fue un acto de impudicia y observó que las tragamonedas tienen un determinado porcentaje de utilidad para quien la explota -"no existiendo riesgo alguno", indicó-. Aseguró que en forma arbitraria se fijó un tributo superior a los valores unitarios que deben abonar otras actividades comerciales con menores márgenes de utilidad. "Se cobra sin sustento legal", dijo.


"La pobreza es funcional a un gobierno autocrático", insistió la Democracia Cristiana a través de las firmas de Eduardo Ramírez y de Hugo Beltrán, para replicar a las autoridades del Ejecutivo."Pruebas al canto -prosiguió-, las observaciones formuladas a la ejecución presupuestaria y la ordenanza fijando nuevos tributos a las máquinas tragamonedas, sin respetar las elementales normas administrativas". La DC indicó que las actividades productivas son desalentadas a la vez que se medra con la pobreza y el vicio.


"La votación del Concejo de imponer un tributo de $ 90 a cada maquinita fue una decisión de (José) Alperovich, porque nada se hace políticamente sin su venia en la ciudad. Que (Domingo) Amaya lo haya vetado es un reacomodamiento ante el repudio popular por la medida". Así lo expresó Daniel Blanco, del Partido Obrero. "No hay que olvidar que Amaya y los constituyentes oficialistas se opusieron a tratar el despacho del PO sobre la anulación de las concesiones, la estatización del juego y el control popular", dijo.