Historia de roces entre los abogados y el Estado

La relación entre el Colegio de Abogados y los poderes del Estado ha sido más tumultuosa que pacífica en la historia reciente. A partir de 1983, los roces y enfrentamientos vinculados con la administración de Justicia (en un panorama más o menos amplio según las etapas) se repitieron con frecuencia.
Ahora, cuando se debaten con intensidad las distintas propuestas de las tres listas que compiten en los comicios del próximo jueves (se renueva media comisión directiva), vuelven a tomar cuerpo las definiciones sobre el perfil de la entidad.
Si bien los conflictos con los abogados alcanzaron a los tres poderes a lo largo del tiempo, en la actualidad el choque está centrado con el Poder Ejecutivo. En particular, 2006 ha sido un año agitado en términos institucionales, caracterizado por el repudio del colegio a la reforma constitucional y la presentación judicial para que se anulen tres artículos de la nueva Carta Magna: las creaciones del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento, y la posibilidad de la enmienda legislativa para modificar artículos de la Ley Fundamental.
Mientras la causa empezaba su trámite en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desde el alperovichismo se propuso que el control de la matrícula sea asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y que el pago de los bonos profesionales se realizase al final de cada juicio (antes de la sentencia). Esta iniciativa fue interpretada como una represalia por los abogados, ya que la entidad perdía el poder de policía sobre sus colegiados y el manejo de importantes volúmenes de dinero. Movilizaciones de letrados, reuniones masivas y actos públicos (con el acompañamiento de otros colegios y de dirigentes nacionales) se sucedieron a mediados de año.
La iniciativa no prosperó, lo que fue entendido como el primer distanciamiento de importancia entre el gobernador José Alperovich y el presidente de la Legislatura, Fernando Juri. Todavía se espera una definición judicial en el expediente.

Funcionamiento irregular
Durante el período de gobierno de Fernando Riera, las quejas se orientaron principalmente hacia la labor concreta de los juzgados, con severos pronunciamientos sobre el trabajo que se realizaba dentro de los despachos. En 1986, el presidente del colegio, Juan Nicolás Aráoz, advertía que "el Poder Judicial está con un funcionamiento extremadamente irregular y con innumerables juicios paralizados", lo que estaba agravado por la falta de cobertura de varias vacantes por cuestiones netamente políticas.
Al año siguiente, desde la entidad se impulsó la modificación de la Constitución provincial para incorporar nuevos institutos, como el Consejo de la Magistratura y la autarquía del Poder Judicial. Así se lo reclamó cuando sesionó la Convención reformadora, sin éxito.
Ya con José Domato como gobernador, desde la institución se volvió a denunciar la paralización de la Justicia, en una escalada de la tensión con el Estado que dominó casi todo 1988 y en el cual se votó incluso en una asamblea la posibilidad de solicitar la intervención federal (postulada por Arturo Ponsati). Este extremo llegó en 1991, abarcando a los tres poderes estatales, cuando Ernesto Gastaminza era el titular de los letrados.

La normalización
Los graves problemas de la mora judicial fueron retomados por lña entidad en 1994, tras la normalización de la Provincia y la asunción de los nuevos magistrados elegidos por el CAM creado por decreto de Ramón Ortega (era integrado por el colegio, la Corte y la Facultad de Derecho de la UNT). El titular de entonces, Antonio Tejerizo, encabezó asambleas y protestas en las cuales se cuestionó a los tres poderes públicos, lo que generó un clima denso y una polémica pública.
"Toda reforma constitucional tiene que estar justificada por un reclamo de la sociedad", afirmaba en marzo de 1999 el presidente de la institución, Mario López Herrera (hoy ministro de Seguridad Ciudadana). El debate de ese momento estaba centrado en la habilitación de la reelección, con la resistencia de López Herrera en que "se ponga en movimiento la maquinaria con ese objetivo".
Al año siguiente asumió la conducción Carlos Parajón Cantelli, quien se reconoció reformista, aunque consideró que no era oportuno avanzar con el tema. En 2001, desde el colegio se le envió una carta documento a Alperovich, quien era ministro de Economía, luego de que él dijera que había abogados que se vendieron en juicios contra el Estado. "Nos encontramos sumergidos en una democracia postrada por el infatigable avance de los poderes políticos sobre las instituciones", afirmó Parajón Cantelli en 2002.
A fines de 2003, Alperovich asumió como gobernador y disolvió el CAM, lo que generó una nueva crisis. La reacción incluyó marchas en la plaza Yrigoyen, reclamos sobre la administración de la Justicia, la exigencia para que se realicen concursos para la cobertura de vacantes y la denuncia de una creciente politización de los tribunales. Desde 2004, con Bustamante en la conducción de los abogados, la distancia con el Gobierno se fue agudizando cada vez más.

Por Carlos Parajon Cantelli, presidente 2000-2004 / lista Juan Bautista Alberdi
Durante la presidencia del Colegio de Abogados, en el período 2000/4, la entidad fue una institución que prestigió y puso el acento en la independencia de los poderes del Estado, y que centralizó su actuación en la defensa irrestricta de la transparencia de los actos de gobierno como forma de jerarquizar el sistema republicano. Esto fue así porque, de tal transparencia en lo público depende la posibilidad de que los ciudadanos controlen a sus gobernantes. El ejercicio de esa potestad conllevará, en gran medida, que se establezca una cadena que podría traducirse en control-transparencia-control, lo que, sin duda, haría mucho más idónea y eficaz la gestión de gobierno.
Nuestra preocupación fue sobre cómo se desenvolvía el trabajo diario de los abogados y el estado del Poder Judicial, último reducto en el que encuentra reparo la libertad, honra y freno a los desbordes de los otros poderes del Estado. Hemos reclamado con energía, ante las graves crisis institucionales por las que nos tocó atravesar, sosteniendo siempre que si el Estado no respeta el Derecho, la disgregación social es inevitable; y resaltamos el axioma: "con la Justicia como medio hacia la paz como fin".
El Colegio de Abogados, a lo largo de sus 80 años de historia, ha sido consecuente en la defensa del orden constitucional, de la democracia y de sus instituciones políticas, y del estado de derecho. Nunca dejó de sostener que la democracia, pese a sus vicios y defectos, en el marco del pluralismo de ideas y de la tolerancia -que algunos gobiernos no supieron entender- es el único sistema de vida que nos permitirá construir una sociedad mejor, más solidaria y justa.

Por Antonio Tejerizo, presidente 1992-1996 / Lista Mariano Moreno
Entre las numerosas funciones del Colegio de Abogados figuran la defensa de su ejercicio libre e independiente de la matrícula; juzgar la conducta ética de sus colegiados; velar por el funcionamiento de la Justicia; sostener el consultorio jurídico gratuito para personas sin recursos y brindar servicios para que los abogados puedan dar a sus clientes una atención eficiente. Todo ello sin que le cueste un peso al Estado.
Los roles del Colegio -cada vez mayores- se acompasaron con la realidad en la que le tocó desenvolverse, como entidad intermedia con una función social. Hoy, ni la sociedad, ni los abogados admiten que permanezca callado frente a situaciones en que esté en peligro la República o el estado de derecho. Cuando ha alzado su voz para opinar o reclamar, muchas veces ha recibido acusaciones injustas de quienes ejercen los poderes del Estado, que quieren ver tras esa actitud intromisiones inaceptables en sus atribuciones.
Esa conducta, aun con estilos distintos, fue una constante a lo largo de décadas y ha valido bombas que destruyeron la sede, amenazas de quitarle el control de la matrícula o los recursos propios, y represalias o desacreditaciones personales a sus directivos, imputándoles infundadamente intereses subalternos.
El Colegio ha sabido sobrevivir. Apreció que su rol no es enfrentar a gobiernos, sino trabajar a la par de ellos (en la esfera de su competencia) en la construcción de una sociedad que respete a sus habitantes e instituciones. Pero levanta su voz y reclama con una prudencia no exenta de firmeza, que se rectifiquen rumbos cuando los gobernantes se apartan de los roles y de las obligaciones que les asignó la Constitución.