Hoy no será un día más para cinco personas que se desempeñan en el juzgado federal número dos. Como es habitual, llegarán a su lugar de trabajo, en el quinto piso del edificio de Las Piedras al 400, pero esta vez lo harán en la condición de testigos clave en la “causa Borquez”. Esta fue concluyente para que Felipe Terán, el 18 de octubre, haya sido destituido del juzgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Entre las 8 y las 12 (uno por hora), por orden de su actual superior, el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán), deberán comparecer la prosecretaria de la Secretaría Civil, Marta Nazario de Parache, Sara Inés Caporaletti (hoy secretaria de Ejecución Fiscal y secretaria civil cuando estaba Terán) y Alejandra Morán (cumple funciones de relatora). Luego será el turno de los empleados Osvaldo García y Teresa Blanco de Medina, que cumplen funciones en la mesa de entradas civil del juzgado.
El objetivo sería que los funcionarios y empleados explicaran quiénes y bajo qué criterios, en los hechos, trabajaban en el expediente abierto a nombre de Inés Yolanda Borquez, en el afán de lograr que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los bonos tras la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en default (cesación de pagos) como efecto de la salida de la convertibilidad.
Los testimonios del personal del juzgado son fundamentales, porque en la causa fueron constatadas anomalías, como la adulteración de la firma de la propia demandante (Borquez) o de certificados médicos.
Muchos interrogantes
El fiscal federal Carlos Brito, seguramente, interrogará a Nazario de Parache acerca de por qué el abogado Daniel Martín -uno de los imputados en la “causa Borquez”- retiró el expediente y fotocopias vinculada a la causa civil antes de haber estado facultado para ello.
Alfredo Ducca, otro de los imputados, asegura que, aunque no conocía a Borquez, él la patrocinaba. No obstante, la mujer asevera que firmó una demanda ante Martín -no es la que consta en el expediente- y manifiesta que creía que Martín iba a ser su patrocinante en la causa.
La citación de Morán estaría vinculada al hecho de que, cuando su compañera, Caporaletti, declaró como testigo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que destituyó a Terán, manifestó que ella (por Morán) era una de las relatoras que trabajaba en los proyectos de resoluciones, respecto de los cuales trataba directamente con el juez.
Asimismo, a Caporaletti le exhibieron fojas de la “causa Borquez” en las que aparecía las iniciales “AM” y la funcionaria judicial contestó que creía que correspondían al nombre de Alejandra Morán.
Mientras tanto, probablemente, a Caporaletti, le preguntarán -como también se lo hicieron durante el proceso de remoción- sobre la confección de los oficios por medio de los cuales se informaba al Ministerio de Economía sobre las medidas cautelares dispuestas por el magistrado. Este era el conducto procesal a través del cual se ordenaba al erario que se abstuviera de pesificar (a 1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta del beneficiado por la medida judicial.
Entre las 8 y las 12 (uno por hora), por orden de su actual superior, el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán), deberán comparecer la prosecretaria de la Secretaría Civil, Marta Nazario de Parache, Sara Inés Caporaletti (hoy secretaria de Ejecución Fiscal y secretaria civil cuando estaba Terán) y Alejandra Morán (cumple funciones de relatora). Luego será el turno de los empleados Osvaldo García y Teresa Blanco de Medina, que cumplen funciones en la mesa de entradas civil del juzgado.
El objetivo sería que los funcionarios y empleados explicaran quiénes y bajo qué criterios, en los hechos, trabajaban en el expediente abierto a nombre de Inés Yolanda Borquez, en el afán de lograr que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los bonos tras la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en default (cesación de pagos) como efecto de la salida de la convertibilidad.
Los testimonios del personal del juzgado son fundamentales, porque en la causa fueron constatadas anomalías, como la adulteración de la firma de la propia demandante (Borquez) o de certificados médicos.
Muchos interrogantes
El fiscal federal Carlos Brito, seguramente, interrogará a Nazario de Parache acerca de por qué el abogado Daniel Martín -uno de los imputados en la “causa Borquez”- retiró el expediente y fotocopias vinculada a la causa civil antes de haber estado facultado para ello.
Alfredo Ducca, otro de los imputados, asegura que, aunque no conocía a Borquez, él la patrocinaba. No obstante, la mujer asevera que firmó una demanda ante Martín -no es la que consta en el expediente- y manifiesta que creía que Martín iba a ser su patrocinante en la causa.
La citación de Morán estaría vinculada al hecho de que, cuando su compañera, Caporaletti, declaró como testigo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que destituyó a Terán, manifestó que ella (por Morán) era una de las relatoras que trabajaba en los proyectos de resoluciones, respecto de los cuales trataba directamente con el juez.
Asimismo, a Caporaletti le exhibieron fojas de la “causa Borquez” en las que aparecía las iniciales “AM” y la funcionaria judicial contestó que creía que correspondían al nombre de Alejandra Morán.
Mientras tanto, probablemente, a Caporaletti, le preguntarán -como también se lo hicieron durante el proceso de remoción- sobre la confección de los oficios por medio de los cuales se informaba al Ministerio de Economía sobre las medidas cautelares dispuestas por el magistrado. Este era el conducto procesal a través del cual se ordenaba al erario que se abstuviera de pesificar (a 1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta del beneficiado por la medida judicial.







