El Poder Ejecutivo avanza en la modificación del CAM

El Poder Ejecutivo avanzará en la modificación de la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) hasta fin de mes, como un intento para destrabar el conflicto judicial con el Colegio de Abogados de Tucumán. El cambio en la composición original del proyecto oficialista consistirá en el reemplazo del representante de los letrados por un delegado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tal como lo anunció meses atrás el gobernador José Alperovich.
El objetivo de las autoridades es que la Cámara en lo Contencioso Administrativo levante la medida cautelar que dictó en esa causa, a pedido del colegio profesional.

La estrategia oficial
En el escrito judicial original, los abogados cuestionaron la creación del CAM tal como fue dispuesto en la reforma constitucional, y luego ampliaron la queja en referencia al decreto del Ejecutivo, ya que objetaron que el cuerpo esté integrado por cuatro representantes del estamento político (tres de la Casa de Gobierno y uno del Poder Legislativo), un miembro del Poder Judicial y un letrado (elegido por sorteo de un padrón reducido de abogados).
La estrategia del Gobierno es suprimir la presencia de los abogados en la estructura del cuerpo asesor, ya que así los colegiados dejarían de tener legitimidad en el reclamo. El texto final es analizado por el fiscal de Estado, Antonio Estofán, miembro del aún no nacido CAM.

Momento oportuno
La oportunidad para impulsar la iniciativa no es casual. La alteración del decreto se encuentra vinculada a la puesta en vigencia del acuerdo de la Provincia con la Nación para la jubilación especial de los jueces, fiscales y defensores oficiales con 60 años y el 82% del sueldo en actividad y en mejores condiciones.
Por medio de este régimen, estarían en posibilidad de retirarse 66 magistrados y funcionarios, quienes no podrán ser reemplazados hasta tanto el CAM no entre en funciones.
La ratificación del convenio con la Anses está en manos de la Legislatura, donde hay varios proyectos al respecto (incluso un decreto de necesidad y urgencia del Gobierno). Se descuenta que el acuerdo será avalado y que entrará a regir en lo ejecutivo a principios del mes próximo.
Antes de comenzar a otorgar las jubilaciones, deberá analizarse caso por caso, ya que quienes quieran acceder a los beneficios deberán complementar importantes aportes previsionales por los últimos 10 años. Para ello, está previsto emplazar una oficina especial de gestión en tribunales.