Siete organismos adeudan sus rendiciones de gastos

Los organismos descentralizados están obligados por ley a elevar, cada dos meses, una rendición de cuentas acerca de sus ingresos y de sus erogaciones. Sin embargo, siete de ellos adeudan esos informes, correspondientes al ejercicio presupuestario de 2005.
Así lo precisó el Tribunal de Cuentas en su análisis sobre la cuenta de inversión, el informe del Ejecutivo sobre el estado de ejecución del Presupuesto de ese año. En los anexos de la acordada 2.751 se destaca que la Dirección Provincial de Vialidad es la que presenta la mayor mora. Según la documentación oficial, esa repartición adeuda las rendiciones de gastos del período comprendido entre junio y noviembre de 2005, inclusive. De allí que la delegación fiscal que estudió el detalle de las cuentas públicas provinciales de ese año determine que el grado de incumplimiento de la DPV llega al 50%.
Las erogaciones de la administración central en favor de este organismo alcanzaron, durante aquel año, los $ 42,7 millones.
El segundo lugar de las reparticiones con mayor mora en esta materia es para el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Adeuda detalles de sus cuentas de octubre y noviembre de 2005, es decir, que su un grado de incumplimiento es del 17%. Las necesidades de financiamiento del área, según el estudio del Tribunal de Cuentas, totalizaron $ 1,4 millón en ese ejercicio.
En cuanto a la situación del tesoro del Ipacym, los contadores fiscales se abstuvieron de opinar. Esto se debe a que la repartición les informó que otorgó préstamos a cooperativas por $ 708.000, pero el Departamento de Contaduría no les puso a disposición la documentación respaldatoria.
Finalmente, deben los informes sobre los informes de noviembre el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto Provincial de Lucha contra las Adicciones (IPLA).
Respecto de este último, la delegación fiscal advirtió que los balances auditados no representan razonablemente la situación del organismo. Advierten que hay deudas documentadas de contribuyentes por $ 132.000. Sin embargo, cuando se hizo un muestreo de 250 comprobantes, se dieron con que el 30% de esos valores no estaban en el IPLA, porque ya habían sido cobrados y devueltos a los firmantes, pero no estaban registrados en el sistema de gestión y mora. De esa cartera, hay unos $ 15.000 en deudas de entre dos y cinco años de antigüedad, con lo cual el 40% -estiman- es incobrable.

La respuesta oficial
“Lo más importante a destacar es que del informe del Tribunal de Cuentas surge con claridad que no existen recursos ni gastos no registrados, ni tampoco ninguna irregularidad”. Los conceptos son del ministro de Economía, Jorge Jiménez, que envió un escrito a LA GACETA con su opinión sobre la crítica acordada del ente de contralor respecto de la cuenta de inversión de 2005.
El titular de la cartera de Economía sostiene, concretamente, que la “supuesta” diferencia entre el saldo final de anticipos reintegrables de 2004 y el saldo inicial de 2005 se debe a razones de exposición de las cifras. Explica que el saldo inicial de 2005 se desdobló en $ 27 millones, por un lado, y en $ 493 millones, por otro. El resultado es $ 520 millones, idénticos al saldo final de 2004.
Cabe precisar que, como lo informó ayer LA GACETA, el Tribunal de Cuentas señala que esa diferencia está dada por  anticipos financieros cuyos reintegros no se producen en el mismo año en el que son otorgados, lo cual surge de la Contabilidad de Obligaciones.
Jiménez desestimó también el “supuesto” gasto por encima de los recursos de la cuenta de desequilibrios financieros de la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas. Los contadores fiscales apuntaron que el “fondo definitivo” previsto era de $ 7 millones, pero se ejecutaron $ 7,3 millones. A ello agregan que los libramientos de las cuentas especiales  de esa área del Ejecutivo excedieron en $ 2 millones los recursos asignados.El ministro explicó que la repartición recibió en noviembre de 2005 una remesa por $ 5,2 millones, con lo cual el total de recursos fue de 12,2 millones, que cubrieron los 9,2 millones del total de gastos de la secretaría.
“La acordada contiene observaciones que son exclusivamente de índole técnico-contable referidas a las formas de imputación presupuestaria y de información de los balances”, concluyó.