La FET criticó el beneficio a las tragamonedas

Todavía no vio la luz y algunos sectores ya vaticinan su debacle. La nueva política tributaria que emprendió el intendente Domingo Amaya generó recelos en varios sectores empresariales.
El objetivo del jefe municipal es aumentar la recaudación que actualmente, en promedio, es de $ 7 millones por mes, según los datos oficiales. Sin embargo, desde la Federación Económica de Tucumán, por ejemplo, pronosticaron que habrá planteos judiciales en contra del flamante Tributo de Emergencia Municipal.
Lo que más irritó a los comerciantes es el intento de bajar el monto de los tributos que deben pagar los propietarios de las salas de juego de azar, por cada máquina tragamonedas, de ruleta y de póquer, entre otras. En este sentido, la ordenanza actual fija una tarifa de $ 700 mensuales por cada maquinita, pero el proyecto oficial es transformar esos $ 700 en un tributo semestral. Es decir que el equivalente por mes sería de $ 116.
"Habrá acciones concretas de cada empresa, porque no existen servicios reales, y hay una ausencia de la emergencia que se expresa. Además, se viola la ley de coparticipación que impide cobrar dos impuestos sobre la misma cosa. Ese es uno de los temas, porque la Municipalidad está siendo condenada, en las demandas que actualmente se le hacen por el Tacis, por pretender cobrar una tasa sin brindar, como contrapartida, un servicio", afirmó ayer a LA GACETA el titular del FET, Julio Colombres.
Luego, en conferencia de prensa, el dirigente planteó sus quejas por el beneficio a las salas de juego de azar. "A todo esto, se suma el agravante de las máquinas (de juego), que son aparatos para sacarle sistemáticamente el dinero a la gente. A esa actividad se la premia bajándole el tributo. Esta es toda una señal sobre cuál es el país que queremos", advirtió.
Colombres dijo que el municipio equivoca el camino en materia tributaria. "El sistema también es de premios y castigos. Y me parece que se están equivocando respecto de a quién hay que dar los premios. Los que estamos produciendo, los que estamos vendiendo, los que estamos dando servicios deberíamos ser los premiados. Y no aquellos que tienen máquinas para sacarle el dinero a la gente", remarcó.

En espera
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, por su parte, espera una reunión con Amaya. De todas maneras, el titular de la entidad, Vicente Nicastro, planteó ayer sus dudas sobre la declaración de "emergencia" para crear el TEM. "No sabemos si hablar de emergencia es correcto en momentos de elevada recaudación", advirtió. "Recaudar más no sólo depende de una ordenanza o de una ley, sino de una distribución de la carga y de demostrar en qué se gastan los fondos. Esto tiene dos puntas: por un lado, la ordenanza y las cargas, y, por otro, conocer los presupuestos; es decir, en qué se gastará. Eso hace a la transparencia de los gastos. Una ley de acceso a la información serviría para conocer en qué gasta el Estado y para mejorar la voluntad de pago", afirmó.


- El proyecto de Amaya busca crear un tributo municipal para las antenas de transmisión de radios (AM y FM).

- El concejal Carlos Issa Assán (titular de la comisión de Hacienda) había anunciado que se bajarían los montos para las antenas de radios.

- La promesa no se cumplió, ya que el nuevo dictamen mantiene un tributo de $ 800 por habilitación (antenas superiores a 45 metros de altura) y de $ 330 por inspección municipal.


- En el caso de la televisión por cable también se mantiene una cifra de $ 7.500 (por habilitación) y de $ 3.000 por inspección municipal.

- Por las antenas de telefonía celular quedó firme, en el dictamen de comisión, un tributo de $ 10.000 por habilitación y de $ 4.000 por inspección.

- Para otras transmisiones (VHF - UHF) un monto de $ 1.200 por habilitación y de $ 500 por inspección.



En medio de la controversia por el beneficio a los propietarios de las maquinitas de juego de azar, desde el municipio dijeron que la reducción de ese tributo se hizo por las observaciones del interventor de la Caja Popular, Osvaldo Jaldo.
El secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi, envió ayer un escrito a LA GACETA en el que se refiere a las advertencias que -según dijo- le hicieron desde la Caja. "Con motivo de la polémica surgida por el cobro del TEM a las máquinas tragamonedas, este secretario (escribió Sollazzi) quiere hacer notar que los $ 700 mensuales que figuran en la ordenanza tarifaria fueron observados por el interventor de la Caja Popular, Osvaldo Jaldo, quien nos advertía que esa institución, siendo socios de la administración del juego, cobraba $ 600 como canon fijo mensual y que le parecía desproporcionado que la Municipalidad cobre una suma mayor", señala el documento.
"El intendente Domingo Amaya -dice el texto de Sollazzi- nunca ordenó ni gestionó modificaciones en esta ordenanza, por lo tanto la decisión sobre este tema es del Concejo Deliberante".
Varios ediles habían admitido la semana pasada que los propietarios de las salas de juego de azar habían ejercido presiones para lograr bajar el monto a pagar en el nuevo Tributo de Emergencia Municipal.
La ordenanza tarifaria actual establece $ 700 mensuales por cada maquinita, pero Amaya envió un proyecto para bajar ese tributo a $ 100 por mes. En ese momento, los concejales optaron por fijar el monto original de $ 700 mensuales. Sin embargo, después el oficialismo ordenó frenar el debate del proyecto para revisar esos valores hasta que se transformaron en $ 700 semestrales ($ 116 por mes).
Jaldo fue consultado anoche por LA GACETA. "Ellos (por la intendencia) me consultaron sobre el canon que se paga a la Caja y, cuando me pidieron una opinión, dije que el municipio no puede cobrar por encima del canon. Pero la decisión final es pura y exclusiva del intendente y de los concejales. En la Caja decido yo y ellos, en la intendencia", afirmó.