“Una vergüenza”. “Inexplicable”. “Es un mamarracho”. Con esas palabras definieron, algunos referentes opositores, al proyecto oficial del intendente Domingo Amaya que pretende modificar los montos mínimos a pagar por parte de los propietarios de las tragamonedas. La iniciativa, enmarcada en el nuevo Tributo de Emergencia Municipal (TEM), todavía está pendiente de votación en el Concejo Deliberante. La sesión se haría -probablemente- el jueves.
Las críticas no sólo apuntaron a Amaya, sino que responsabilizaron al gobernador José Alperovich por la nueva política tributaria. El legislador Alejandro Sangenis (MP3) planteó que el canon que se paga a la Caja Popular por cada maquinita es irrisorio en comparación con los que se abonan en otras partes del país. Precisó que en la ciudad de Rosario (Santa Fe), por ejemplo, la firma Casino Club paga un canon del 20,5% de la recaudación; mientras que en Tucumán es de $ 500 fijos por máquina “monoplay” (un jugador) y $ 580 por “multiplay” (dos o más jugadores). “En Tucumán se fomenta el vicio, sube la tarifa del agua, suben el precio del cospel y ahora presentan un mamarracho que ayuda a los empresarios del juego”, afirmó Sangenis.
Por su parte, Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) remarcó que en Tucumán se promueve el juego en detrimento de actividades económicas genuinas. “Por un lado, el intendente insiste en percibir un tributo que ha sido declarado inconstitucional (al que ahora denomina TEM), perjudicando a las empresas tucumanas y, por otro lado, quiere beneficiar a los dueños de las casas de juegos de azar, que han enviciado a nuestros jóvenes, y se han enriquecido llevándose la fortuna ajena”, señaló.
Danesi dijo que la propuesta es una vergüenza. “Con dirigentes como Amaya y Alperovich, los tucumanos no tenemos gobernantes, sino oportunistas”, advirtió.
El referente de Recrear Pablo Walter aseguró que Amaya y Alperovich parecen socios de los empresarios que explotan las tragamonedas. “Las inexplicables medidas adoptadas en favor de las tragamonedas están seguramente sustentadas en la devolución de favores hacia quienes se acusa de haber financiado las campañas de (Néstor) Kirchner y de Alperovich”, señaló. Además planteó que la capital es el municipio más alto en el costo de sus tributos entre otras 100 ciudades del país, según un informe de la Fundación Mediterránea.
“(José) Alperovich no es peronista y nosotros nunca vamos a acompañar su proyecto despótico y autoritario”. Así lo expresó la “Juventud Cruzada Peronista”, a través de Williams George, José Sttopini y Máximo Ibáñez. La agrupación sostiene que no es justicia social bajar los impuestos a las maquinitas sin fomentar la producción y la radicación de industrias, ni rematar las casas de quienes no pueden pagar los impuestos, o cortarle el agua al pueblo, ni aumentar la tarifa eléctrica un 30%. Además, apuntó que se confunde asistencialismo con redistribución de la renta.
El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, expresó su sorpresa porque algunos legisladores denunciaron que el presupuesto de la Cámara es para pagar sueldos. “Ese gasto es un gasto político, y si hay 7.000 empleados es para los militantes que trabajaron para que el justicialismo sea gobierno; me alegra si con ese sueldo dan de comer a sus familias; pero me duele que algunos que ayudaron a (José) Alperovich y a (Fernando) Juri no tengan trabajo”, apuntó. Agregó que le satisface que la Cámara maneje su propio dinero, “para que los legisladores no sean rehenes del Poder Ejecutivo”.
Las críticas no sólo apuntaron a Amaya, sino que responsabilizaron al gobernador José Alperovich por la nueva política tributaria. El legislador Alejandro Sangenis (MP3) planteó que el canon que se paga a la Caja Popular por cada maquinita es irrisorio en comparación con los que se abonan en otras partes del país. Precisó que en la ciudad de Rosario (Santa Fe), por ejemplo, la firma Casino Club paga un canon del 20,5% de la recaudación; mientras que en Tucumán es de $ 500 fijos por máquina “monoplay” (un jugador) y $ 580 por “multiplay” (dos o más jugadores). “En Tucumán se fomenta el vicio, sube la tarifa del agua, suben el precio del cospel y ahora presentan un mamarracho que ayuda a los empresarios del juego”, afirmó Sangenis.
Por su parte, Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) remarcó que en Tucumán se promueve el juego en detrimento de actividades económicas genuinas. “Por un lado, el intendente insiste en percibir un tributo que ha sido declarado inconstitucional (al que ahora denomina TEM), perjudicando a las empresas tucumanas y, por otro lado, quiere beneficiar a los dueños de las casas de juegos de azar, que han enviciado a nuestros jóvenes, y se han enriquecido llevándose la fortuna ajena”, señaló.
Danesi dijo que la propuesta es una vergüenza. “Con dirigentes como Amaya y Alperovich, los tucumanos no tenemos gobernantes, sino oportunistas”, advirtió.
El referente de Recrear Pablo Walter aseguró que Amaya y Alperovich parecen socios de los empresarios que explotan las tragamonedas. “Las inexplicables medidas adoptadas en favor de las tragamonedas están seguramente sustentadas en la devolución de favores hacia quienes se acusa de haber financiado las campañas de (Néstor) Kirchner y de Alperovich”, señaló. Además planteó que la capital es el municipio más alto en el costo de sus tributos entre otras 100 ciudades del país, según un informe de la Fundación Mediterránea.
“No es justicia social subir la tarifa eléctrica”
“(José) Alperovich no es peronista y nosotros nunca vamos a acompañar su proyecto despótico y autoritario”. Así lo expresó la “Juventud Cruzada Peronista”, a través de Williams George, José Sttopini y Máximo Ibáñez. La agrupación sostiene que no es justicia social bajar los impuestos a las maquinitas sin fomentar la producción y la radicación de industrias, ni rematar las casas de quienes no pueden pagar los impuestos, o cortarle el agua al pueblo, ni aumentar la tarifa eléctrica un 30%. Además, apuntó que se confunde asistencialismo con redistribución de la renta.
“El gasto de la Legislatura es político”
El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, expresó su sorpresa porque algunos legisladores denunciaron que el presupuesto de la Cámara es para pagar sueldos. “Ese gasto es un gasto político, y si hay 7.000 empleados es para los militantes que trabajaron para que el justicialismo sea gobierno; me alegra si con ese sueldo dan de comer a sus familias; pero me duele que algunos que ayudaron a (José) Alperovich y a (Fernando) Juri no tengan trabajo”, apuntó. Agregó que le satisface que la Cámara maneje su propio dinero, “para que los legisladores no sean rehenes del Poder Ejecutivo”.







