En diciembre, Terán regresará a los tribunales

Siguen los problemas para el ex juez federal Felipe Terán. El 27 de diciembre, dos días después de Navidad, deberá concurrir nuevamente al que fue su juzgado hasta el 18 de octubre (el número dos) y declarar, otra vez, como imputado de haber participado en una presunta tentativa de defraudación contra el Estado con títulos de la deuda pública en la denominada causa "Camandona". Este cargo ya pesa sobre Terán en el caso "Borquez", y fue determinante para que el Jurado de Enjuiciamiento lo removiera por mal desempeño.
Antes que Terán, el 13 y el 20 de diciembre, también deberán prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Mario Racedo, Julio Camandona y Daniel Martín en el carácter de supuestos coautores.
Tal como había requerido el fiscal federal Carlos Brito, Racedo citó a Camandona, pese a que este, por medio de los abogados Carlos Caramuti y Germán Müller, se había presentado ante el juzgado a fin de informar que no había otorgado a Martín poder para iniciar acciones ni para continuar el juicio caratulado "Camandona, Julio c/Estado nacional s/inconstitucionalidad".
El objetivo de la demanda interpuesta el 25 de octubre de 2004, que dio lugar a la formación del expediente civil, tenía por fin que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó, a razón de $ 1,4 más CER por dólar, los títulos públicos, tras la declaración de default (cesación de pagos), de diciembre de 2001, que siguió a la salida de la convertibilidad.
En su requerimiento, Brito reprochó a Terán el haber concedido una medida cautelar a favor de Camandona el 8 de noviembre de 2004 sin haber intimado previamente al demandante para que acreditara el estado de salud (depresión) y las patologías que había esgrimido para que se lo exceptuara del diferimiento de pago. La normativa que pesificó los bonos preveía excepciones para quienes probaran que su salud o vida corría peligros.

Una vieja discusión
Por medio de las cautelares, se ordenaba al erario a que se abstuviera de concretar la pesificación. En este caso, Brito endilga a Terán haber dispuesto y firmado el libramiento de oficios contra el Estado (para que cumpla con la orden) sin que, previamente, el demandante beneficiado por la medida haya prestado caución juratoria (acto mediante el cual alguien garantiza personalmente o se responsabiliza por los efectos perjudiciales que la medida pudiera ocasionar).
El tema fue tratado durante el proceso de destitución que concluyó con la remoción de Terán. El 27 de setiembre, cuando declaró como testigo ante el Jurado de Enjuiciamiento, el empleado Jorge Artero, encargado de tomar las cauciones en el juzgado federal número dos, se le exhibió el expediente "Camandona" y, tras haberlo hojeado, no pudo encontrar el registro que diera cuenta del cumplimiento de tal acto.
Asimismo, Brito responsabilizó a Terán de haber dispuesto, librado y firmado el oficio del 20 de abril de 2005, dirigido al Ministerio de Economía de la Nación, que incluía el pago de todos los servicios (relacionados con los títulos) que se encontraban vencidos a la fecha, pese a que la resolución que ordenó la cautelar sólo disponía el pago de la renta mensual. Esta supuesta diferencia es importante, porque, como al erario le ordenaban que se abstuviera de concretar la pesificación, a las devoluciones (renta, amortización de capital, etcétera) las tenía que hacer según la cotización del dólar en el mercado libre.
Durante el proceso de destitución, los abogados de Terán, Marcelo Brito y Francisco J. D?Albora (h) sostuvieron que el ex juez sólo ordenaba el pago de la renta que devengaban los títulos.