La lucha subterránea

La ola expansiva del revés oficialista en Misiones impactó con intensidad en el panorama político. Carlos Rovira fue la primera víctima, pero la lista de damnificados no se clausuró aún. Dos gobernadores lo siguieron: Eduardo Fellner (Jujuy) y Felipe Solá (Buenos Aires), ambos leales al proyecto kirchnerista. El jujeño quería cambiar la Constitución para que se le diera la chance de la tercera reelección consecutiva. Solá intentó que se lo declarara apto para intentar un nuevo turno. A los dos los frenó Néstor Kirchner, en una acción tendiente a bajar el costo político de la aventura misionera. El efecto cascada del desastre que hundió a Rovira debía ser neutralizado con operaciones de corto plazo. Fellner y Solá pagaron los platos rotos. Comenzó a tomar cuerpo un factor no detectado por los encuestadores afines a la Casa Rosada: el cansancio respecto de los procederes de rutilantes hombres públicos. A estos se les mostró el mundo color de rosa, cuando la fotografía correcta exhibe otra cosa. De ese riesgo no están exentos ni los más movedizos y dicharacheros gobernantes del país.
Antes, la angustiante crisis económica achataba el nivel de expectativas del ciudadano hasta niveles módicos: bastaban el pago de sueldos y las obras públicas. El presente exhibe mejores indicadores, por lo cual podrían plantearse otros debates, entre ellos, el de la calidad institucional, cargado de múltiples proyecciones. De esta discusión procura zafar la administración federal con anuncios rimbombantes: la reducción de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de nueve a cinco y la hipotética candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Del mismo modo, se diferenció a los gobernadores que están habilitados constitucionalmente a pugnar por la reelección de aquellos que buscaban forzarla: Rovira, Solá y Fellner. La Casa Rosada necesita de un ejército de mandamases adictos en las provincias. José Alperovich está inserto en la primera categoría. Las dificultades que pudieran entorpecer el andamiento de su proyecto continuista pertenecen al ámbito de la política y no al del derecho.

Menos ruidos en la superficie
Los reconocimientos presidenciales a Alperovich -dos actos en la Casa Rosada durante la semana pasada- parten de aquel supuesto de hierro. El propio gobernador reconoció un techo: Kirchner. Si este se lo pide, renunciará a la nueva postulación en 2007. Nadie más. Sin embargo, nada hace presumir que vaya mover un dedo para privarse de esa posibilidad. Las divergencias políticas con el vicegobernador, Fernando Juri, no se eclipsaron; sólo desaparecieron temporariamente de la escena. En rigor, los reclamos del Presidente a que se gobierne más y se hable menos de reelección hacen que el gobernador modere en la esfera pública su pretensión continuista.
Juri atemperó también su discurso ante los medios, pero no se abstuvo de replicar ásperamente a los alperovichistas que le declararon la guerra en distintos terrenos. La explosión del gasto legislativo, que llevó a que se consumiera el 98,3% del presupuesto 2006, en octubre último, fue acremente censurada por legisladores adictos a la Casa de Gobierno. Juri les retrucó que ellos también son corresponsables de la situación y del crecimiento desmesurado de los empleos políticos en la Cámara. Nadie es inocente en esto. El llamado a elecciones internas del Partido Justicialista, que impulsan congresales alperovichistas, es resorte del consejo provincial que está gobernado por políticos de la vereda opuesta.
Quienes maquinaron la iniciativa en Monteros son experimentados dirigentes que no ignoran aquel dato, pero que canalizan una presión en contra de Juri. Alperovich quiere coronarse presidente del partido en 2007, y en un acto barrial en esta capital se proclamó la reelección de uno de sus legisladores leales (Antonio Raed). Este ofreció su maquinaria para que el gobernador avance con sus planes reeleccionistas. Los juristas tampoco se llamaron a silencio y urden alianzas en distintos puntos de esta ciudad y del interior. Sienten que su jefe político también es escuchado por dilectos operadores del kirchnerismo en Buenos Aires. La candidatura cantada de Beatriz Rojkés de Alperovich suscita múltiples comentarios en esas esferas del peronismo. Imaginan que, si su esposo es reelecto, ella cumpliría una función similar a la que desempeña hoy Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Es decir, la dirigente que regula el ritmo de esa Cámara del Congreso y expone las directivas gubernamentales. En un esquema de ese tipo, el vicegobernador de turno sería una figurita decorativa. Aun así, la negociación entre ambos hombres fuertes del peronismo no está acabada. La perspectiva de una guerra total pone nerviosos a los sectores blandos del alperovichismo y del jurismo.

Aguzando la imaginación
La ley electoral es la próxima asignatura conflictiva que debe resolver el partido gobernante. El clima beligerante que envuelve lo envuelve aguzó la imaginación de algunos legisladores cercanos a Juri. La conflictiva disputa del peronismo en 2003 halló una vía de escape con la institución del sistema de neolemas, mediante el cual se eliminó la realización de elecciones internas para designar candidatos presidenciales. Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem compitieron entre sí sin que el PJ trabara sus ambiciones. Los juristas exploran esa hipótesis como una manera de encauzar una posible confrontación electoral con Alperovich en 2007 sin despertar las iras de la Casa Rosada. Es una apuesta al pragmatismo peronista que supo contener tendencias contradictorias para no perder el manejo del aparato estatal. El llano les cae mal. Surgen, sin embargo, algunas dudas. Un partido de distrito, como el PJ tucumano, ¿puede resolver la aplicación de una normativa nacional? El congreso provincial, adicto, en principio, a Alperovich ¿avalaría esa solución ? Es difícil. El enredo se dilucidaría con la injerencia del juez electoral nacional Jorge Parache. Sin profundizar en el lado jurídico del problema, otras voces sugieren que el propio Presidente podría congelar la pelea interna y decretar la conciliación del gobernador con el vicegobernador. Quienes ponen el foco en ese punto no dejan de señalar que el kircherismo no quiere sorpresas en una elección anticipada de gobernador. Esos escarceos entusiasman a los fogoneros de la liza política. Pero el marco jurídico de fondo es aún incierto en ciertas cuestiones, como el de la conformación de la Junta Electoral Provincial, que ha sido objetada judicialmente por un grupo de partidos opositores. La morosidad de los jueces del foro contencioso administrativo conspira contra la certidumbre.