Pericias caligráficas y citaciones de testigos por la causa Borquez

Numerosas audiencias testimoniales e importantes pericias serán concretadas durante esta semana en relación con la "causa Borquez", en la que se investiga una presunta tentativa de defraudación al Estado nacional con títulos de la deuda pública. El expediente fue clave para que el 18 de octubre Felipe Terán fuera destituido del juzgado federal número dos.
El martes, a las 8, a las 9 y a las 10, respectivamente, deberán comparecer los imputados Cristina Atim (hija de Inés Yolanda Borquez), Alfredo Ducca y Daniel Martín para que formen cuerpos de escritura, de manera que técnicos de Gendarmería puedan concretar la pericia caligráfica ordenada por el juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán, imputado al igual que Borquez).
El objetivo de la medida es determinar si alguno de los citados falsificó la firma atribuida a Borquez en el escrito de la demanda con la que, en noviembre de 2004, fue abierta la causa civil contra el Estado nacional por la pesificación (a $ 1,4 más CER por dólar) de los títulos de la deuda pública, que siguió a la declaración de "default" (cesación de pagos), de diciembre de 2001 (ver "Racedo quiere"). Racedo solicitó al gabinete técnico que remita los resultados de la pericia en el plazo de cinco días.

Un funcionario clave
El miércoles también será un día agitado. A las 9, fue citado como testigo un personaje clave en esta historia: el director de Auditoría de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), Sergio Lázaro Peppe. Este, durante agosto de 2005, concretó las auditorías que detectaron presuntas irregularidades -en causas vinculadas a títulos públicos- en los dos juzgados federales de esta provincia. Este trabajo fue determinante para que, tras haber efectuado un relevamiento propio, el Consejo de la Magistratura de la Nación haya decidido abrir sendos sumarios contra Terán y contra Jorge Parache (aún en trámite), titular del juzgado número uno.
Para el mismo día, pero a las 8, fue citado en el mismo carácter (testigo) el director de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía, Eduardo Peró. La comparecencia de este tiene que ver con el hecho de que, según el hilo de la investigación, la supuesta maniobra contra el erario no hubiera sido posible sin contactos dentro de aquella cartera. De hecho, el ex subsecretario Legal, Osvaldo Siseles, también está imputado.
Mientras tanto, el viernes, desde las 8, declararán como testigos cinco personas que se desempeñan en el juzgado. Ellos son la prosecretaria de la Secretaría Civil, Marta Nazario de Parache; Sara Caporaletti (hoy secretaria de Ejecución Fiscal y secretaria civil cuando estaba Terán), Alejandra Morán (cumple funciones de relatora) y los empleados de la mesa de entrada civil del juzgado, Osvaldo García y Teresa Blanco de Medina.
Teniendo en cuenta las anomalías detectadas, Racedo quiere saber quiénes, en los hechos y con qué criterios, intervenían en el expediente "Borquez".

El abogado Daniel Martín embistió contra Inés Yolanda Borquez y contra su hija, Cristina Atim. Los tres son imputados (el primero como presunto partícipe, y las mujeres, como supuestas coautoras) de una presunta tentativa de defraudación al Estado nacional con títulos públicos.
El defensor de Martín, José Agustín Ferrari, presentó fotocopia de las facturas de compra de pasaje aéreo a la empresa Dinar y de alojamiento en el hotel Lafayette, de la Capital Federal, entre los días 23 y 24 de noviembre de 2004. También solicitó que se libre oficio a Aerolíneas Argentinas para que informe si en las primeras de las fechas se extendió pasaje a nombre de su cliente -y en qué vuelo- con destino a Buenos Aires.
El 25 de noviembre de 2004 fue deducida una demanda a nombre de Borquez (no es la firma de esta la que figura en el escrito) contra la normativa que pesificó los bonos. Alfredo Ducca (otro de los imputados) asevera que, aunque no conocía a la mujer, era su patrocinante. Pero Borquez dice que creía que su abogado era Martín y agrega que delante de él rubricó una demanda, que no figura en el expediente.
En la presentación ante el juez federal Mario Racedo, Ferrari manifestó: "jamás pudieron haber concurrido al estudio jurídico de Martín y, menos aún, ser entrevistadas por él en el domicilio de Borquez. Las secuencias de tiempo así lo establecen". El defensor insistió en que la compra de títulos y el haber concurrido (por Atim) a la sociedad de Bolsa Mercado Abierto de Valores son elementos de prueba objetivos. "La apertura de las distintas cuentas comitentes y sus movimientos -sólo pueden operar los cotitulares de ellas- excluyen la ingenuidad que alegan", agregó.