En busca de una fórmula mágica

El debate sobre seguridad, entre garantistas versus los partidarios de la mano dura, ha caído en los últimos años, a causa de la percepción de que la sociedad se ha vuelto cada vez más insegura y violenta.
Desde fines de los años 80 han sido vistas cada vez con más simpatía las políticas de mano dura, como la “tolerancia cero” que le dio fama al ex alcalde de Nueva York , “Rudy” Giuliani -que ayer fue la estrella de la Expomanagement en Buenos Aires-, y el discurso garantista quedó un tanto desacreditado. De hecho, cuando Juan Carlos Blumberg puso en aprietos al Gobierno nacional al remarcar las gruesas fallas de seguridad que ayudaron a que fuera secuestrado y asesinado su hijo, dejó en evidencia que muchas leyes garantistas no habían ayudado a que disminuyera la violencia.
Sin embargo, ahora un funcionario nacional -Rodolfo Mattarollo, de Promoción y Protección de los Derechos Humanos- dice lo mismo, pero enfocado desde otro punto de vista: “con la crisis de los 90 -destaca- aparecieron ideologías securitarias que propiciaron el agravamiento de las penas, la generalización de la prisión preventiva y la dificultad de la excarcelación... y el resultado no es el aumento de la seguridad, sino el hacinamiento de las cárceles y la complejización del sistema penal”.
Hay una coincidencia: la política que se aplicó no hizo bajar el nivel de inseguridad. Después, el diagnóstico difiere. Lo que queda son los hechos. Tucumán tiene, por ejemplo, problemas enormes con los menores delincuentes. Hace dos días se reveló que ya son unos 2.000 los chicos en problemas con la ley, que el 90% de ellos son adictos, y que son responsables del 80 % de los delitos violentos en el gran Tucumán. Desde hace años se sabe que este problema va en crecimiento: ya lo advertía el jefe de Policía de Antonio Bussi, en los 90, y lo padecieron los funcionarios de seguridad de Julio Miranda, que no sabían dónde ni cómo alojar a los menores violentos.
Pero todavía no se acierta con un criterio a seguir. Hace apenas dos años, un directivo de las instituciones fue acusado de dar latigazos a los chicos detenidos, y se pasó de los hacinamientos de menores con adultos en las comisarías -denunciados por un ex funcionario del actual gobierno- a la polémica medicación para sedar a los chicos violentos en el instituto Roca. Hoy un psiquiatra designado por la Corte Suprema dice que estaba bien medicarlos, mientras que un fiscal procesó a la ex directora del Roca por la muerte de un menor a causa de esa medicación. ¿En qué quedamos?
El problema no es garantismo o mano dura, sino actuar, enfocar el la cuestión. Mattarollo dijo bien que no hay una fórmula mágica. Pero es evidente que hay que combinar política social con prevención e investigación del delito con una policía científica y técnica, y jueces y fiscales bien formados. ¿Qué se hizo al respecto? Hace un año se acordó formar una comisión de los tres poderes. El legislador José Cano acaba de reclamar que esa comisión nunca se reunió.