Necesitan más detalles de la medicación

El fiscal Pedro Gallo analizó ayer la causa en la que están acusados la ex directora del Instituto Roca, Susana Viale, y otros dos médicos de la institución, Guillermo Biondi y Juan Carlos Rojas, todos imputados por homicidio culposo, a raíz del deceso del menor Ariel Llanos, que estaba alojado en el establecimiento.
El fiscal pretende disponer de todas las pruebas que sean necesarias porque hay disidencias entre los informes de los peritos, ya que algunos avalan el polémico tratamiento médico al que están siendo sometidos los internos del Roca y otros lo rechazan de plano.
Para imputar a los tres médicos, Gallo se basó en el informe de la autopsia que le remitieron desde la morgue judicial. Los peritos determinaron que Llanos falleció el 29 de agosto a raíz de una infección generalizada y que la enfermedad se había originado por una fuerte baja en el sistema inmunológico.
Según los peritos, la disminución de los glóbulos blancos es uno de los efectos colaterales que genera la droga que se le suministraba en el tratamiento.
El lunes, cuando acudieron a Tribunales, Viale se negó a declarar, pero sus dos colegas dieron un detallado informe sobre los medicamentos que se administraban y con qué finalidad se lo hacía. Todos están en libertad ya que se los acusa de un delito que tiene penas excarcelables.
Lo que no se sabe hasta el momento es si se decidirá unificar las causas ya que, por un lado, Gallo investiga la muerte de Llanos, pero por otro el fiscal Alejandro Noguera está analizando el expediente sobre el tratamiento médico que, desde principios del año pasado, había ordenado Viale para todos los internos. Además el juez Alfonso Zottoli tiene en sus manos un recurso de hábeas corpus presentado por la fundación Andhes para que la medicación sea suspendida, algo que hasta ahora no sucedió.