Más denuncias sobre el terrorismo de Estado

"Tucumán fue uno de los centros del terrorismo de Estado en la Argentina, y el avance de las causas en esta provincia es fundamental. Por ello se dio un fuerte apoyo al Ministerio Público Fiscal, desde la Nación, con la digitalización de los expedientes. Con eso se busca facilitar la labor de la investigación con entrecruzamiento de información y de pruebas testimoniales". Así lo afirmó ayer Rodolfo Mattarollo, subsecretario de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
Destacó que en esa repartición se han recibido nuevas presentaciones sobre secuestros, desapariciones y torturas cometidas en la provincia, que nunca antes se habían denunciado. "Tucumán es una de las provincias en la que más denuncias se recibieron. El miedo persistió durante muchos años; incluso todavía no desapareció del todo", dijo. Admitió que algunos testimonios son anteriores al golpe de 1976, y recordó que el terrorismo de Estado se generalizó el 24 de marzo de ese año, pero había comenzado con anterioridad.
Mattarollo coincidió también con la decisión del juez federal Jorge Parache, quien ordenó el traslado a la cárcel de Villa Urquiza de Antonio Bussi y de Benjamín Menéndez, al señalar que "ha sido un fuerte reclamo de sectores de la sociedad, que veían diferencias irritantes entre personas que estaban procesadas por crímenes de lesa humanidad con las que tenían causas por crímenes comunes".
"En otros lugares, la medida judicial tiene ciertos matices, como que el control lo realice el personal del Servicio Penitenciario y no el del Ejército, pero sin cambiar de lugar físico de detención", admitió.

Campaña nacional
El abogado repudió la campaña nacional de amenazas a testigos, jueces y fiscales, y reconoció la especial, enorme y profunda preocupación por la desaparición de Jorge Julio López. Reclamó que se profundice la investigación y se coordinen actividades para dar con su paradero, así como la sanción urgente de un programa de acompañamiento de testigos y querellantes en las causas por delitos por violación a los derechos humanos.
"La protección debe ser dada por los jueces de la causa, con fuerzas federales. Lo que proponemos es un plan de acompañamiento psicológico y legal, en redes de contención. Frente a los nostálgicos de la dictadura se asumen riesgos que van más allá de los altos costos psicológicos que implican estas causas", concluyó.