La Corte Suprema, en penitencia

La designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y la reelección en la vicepresidencia de Helena Highton han puesto de manifiesto una serie de circunstancias que evidencian la calidad institucional que, paso a paso, trata de recuperar el máximo tribunal de Justicia, después de un pasado oscuro y hasta reprobable.
  Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no contribuye por su parte a esa recuperación con su rol correspondiente, merced a la inexplicable decisión de no asignar las dos vacantes que deben cubrirse, impidiendo el funcionamiento adecuado del tribunal, o de reducir a siete su número de integrantes.
  El problema deriva del decreto ley de 1958, que regula la mayoría y establece que ha de ser la de integrantes del cuerpo; es decir, siete, un número muy problemático de lograr mientras perduren dichas vacantes.
  De inmediato a su asunción de la presidencia del tribunal, Lorenzetti ha advertido públicamente acerca de la imposibilidad de que el tribunal pueda resolver ese problema, pues corresponde al PE la propuesta de jueces, en tanto que al Congreso su reducción.
  Desde hace largo tiempo, de una forma u otra todos los ministros del tribunal supremo han advertido sobre esa situación que reduce la capacidad de hacer justicia nada menos que en la cumbre del Poder Judicial.
  Singularmente, el presidente Néstor Kirchner dispuso mediante el decreto 222 de 2003, a poco de asumir el Gobierno, que los candidatos a cargos en la Corte deberían ser propuestos al Congreso mediante un amplio proceso selectivo, en 30 días a partir de la vacancia respectiva.
  Nada de eso ha ocurrido en ambos casos desde hace un año; y por toda aclaración el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, manifestó tiempo atrás que dicho término no condiciona estrictamente la voluntad oficial y debe ser interpretado prudencial y no perentoriamente.
  Ahora, tras la renovación presidencial en la Corte y reiterarse públicamente por sus integrantes las demandas de solución al problema que no puede ser resuelto por el tribunal, el presidente del bloque mayoritario de senadores, Miguel Pichetto, ha manifestado: “los mejores jueces y las mejores cortes son las que hablan poco y por sus sentencias”, y agregó: “no es conveniente que los jueces de la Corte estén a cada rato reclamando al Presidente la integración del tribunal”.
  La interpretación personalísima del senador, que hace caso omiso de los antecedentes expuestos, se corresponde mejor con un pensamiento dócil al compromiso político partidario que le dio notoriedad a propósito de su lealtad al Presidente: “Estamos aquí -dijo memorablemente a sus colegas de bancada- para aprobar lo que el Poder Ejecutivo solicite”.
  La realidad es ahora que la Corte Suprema debe hacer un esfuerzo extraordinario para cumplir su función constitucional, pero que no siempre será suficiente.
  El tiempo que ello requiera lo está sugiriendo el servilismo desmedido del senador Pichetto, pero faltan por conocer las razones que el presidente Kirchner tiene para incumplir su propio decreto 222, sin duda muy relacionadas con la fuerte tendencia hegemónica en que se sostiene su gestión de gobierno y, según la cual, los ministros de la Corte deben silenciar sus opiniones aunque sientan fuertemente afectadas las funciones que la Constitución nacional les asigna y la sociedad espera de ellos.