¿Zaffaroni seguirá pensando igual?

El destituido juez federal Felipe Terán conoce como pocos el arte de la paradoja y el de descargar responsabilidades. En mayo, cuando aún peleaba desde el despacho, la culpa la tenía la prensa que, según él, había emprendido en su contra una “cacería humana”. Pero hoy, desde la calle, no sorprendería si un día de estos convocara a una conferencia de prensa y apretara el “play”, para que todos oyeran el supuesto casete en el que estaría grabada la presunta conversación en la que, según su denuncia penal, el 13 de octubre, el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) le habría pedido gentilmente dinero para que, a su vez, el también parlamentario peronista Manuel Baladrón votara a favor de su absolución, el 18 de octubre, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde hace un tiempo, afirma que ya no cree en la Justicia de los hombres, la misma de la que, curiosamente, fue separado por mal desempeño. No obstante, a ella recurrió, aunque tardíamente, porque su versión tendría otro crédito si a la presentación la hubiera formulado el mismo día en que, supuestamente, intentaron coaccionarlo, para poner las cosas en términos jurídicamente elegantes. Esto genera la sospecha de que Terán especuló hasta el último momento. ¿Habría concretado la denuncia si, finalmente, Baladrón hubiera votado a su favor y no por su remoción, como lo hizo?
Sea como fuere, la Justicia terrenal, sea porteña (ante ella accionó Terán) o tucumana (Vargas Aignasse replicó con una querella por supuestas injurias), tiene que arrojar alguna certeza sobre ese entramado de supuestas comunicaciones, que involucra hasta a Marta Cavallotti, magistrada provincial, suegra de Vargas Aignasse y actual esposa del otro juez federal, Jorge Parache. Terán asevera -por escrito- que ella le pidió que recibiera a su yerno; por eso, solicitó un cruce entre sus respectivos teléfonos, para ver quién llamaba a quién. Esto, lejos de favorecer, perjudica aún más la debilitada imagen de Parache, imputado en una causa penal y con un sumario en marcha en el Consejo de la Magistratura por el mismo tema por el que echaron a Terán: presuntas irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos. Aunque le queda un año largo para alcanzar la edad exigida, estaría pensando en jubilarse, lo que -claro- no paraliza las actuaciones en marcha en su contra.

Desvío de atención
Terán cumplió su cometido. Denunció nada menos que al vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento (Baladrón), cargo que es renovado todos los años mediante votación de los otros nueve miembros del tribunal. Además de sembrar dudas sobre el fallo, diluyó la atención de lo que realmente importa: la causa Borquez. En esta, con celeridad, en tres meses, descubrieron tal cantidad de irregularidades que sería interesante saber qué dirá Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de la Nación e ideólogo del voto de la minoría, que en el Jurado se pronunció por la absolución de Terán. ¿En qué habría quedado esa expectativa social en que radica la Justicia, según su visión, si el ex juez hubiese sido repuesto? ¿Hoy se sabría que, salvo la caución juratoria, Yolanda Borquez no firmó (su rúbrica fue adulterada) ninguna de los escritos por medio de los cuales se abrió e impulsó la causa en la cual Terán ordenó una medida cautelar contra el Estado por la pesificación de los títulos, como consecuencia de la cual el fisco podría haber terminado pagando casi U$S 5 millones?
Encerrado en su laberíntico formalismo, ¿qué pensará Zaffaroni? Terán otorgó una cautelar a favor de Borquez, pero esta dice haber firmado otra demanda que no es la que figura en el expediente y ante otro abogado (Daniel Martín, no ante Alfredo Ducca). En la resolución por la que dispuso la medida, el ex juez argumentó que el requisito del peligro en la demora (de conceder la cautelar) “también se encuentra acreditado, teniendo en cuenta el estado procesal de la causa principal, el tiempo que puede durar la tramitación y el estado de salud del actor (lo que se encuentra debidamente acreditado en autos)”. No obstante, ahora se constató que los certificados médicos añadidos al expediente (la pesificación, excepcionalmente, podía ser sorteada por razones de salud) también fueron adulterados.
Los profesionales santiagueños que los confeccionaron (Ducca, coincidentemente, nació en esa provincia) declararon que no conocían a Borquez y que los habían extendido para otras personas. ¿Zaffaroni seguirá pensando lo mismo?