Investigan cómo actuaban en el Ministerio de Economía

En el afán de determinar si hubo una tentativa de defraudación contra el Estado con títulos de la deuda pública, el Ministerio de Economía (ME) de la Nación es una fuente de información fundamental para quienes llevan adelante la investigación penal sobre la “causa Borquez”. Eso sin contar que un ex funcionario de esta cartera, el ex subsecretario legal Osvaldo Siseles, está imputado como presunto partícipe. Este expediente fue concluyente para que Felipe Terán, el 18 de octubre, haya sido destituido del juzgado federal número dos.
El juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) requirió al ME que remita un organigrama reducido en el que pueda advertirse la ubicación jerárquica y funcional de la Oficina Nacional de Crédito Público y de la Subsecretaría Legal y Técnica, que encabeza Siseles.
La medida apunta a corroborar afirmaciones de Siseles. Este prestó declaración indagatoria el 24 de octubre. Entonces, habría dicho que él no tenía ninguna intervención directa en las causas judiciales -abiertas por particulares contra el Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras el default, de 2001-, que se tramitaban en esta o en otras provincias, salvo cuando surgían inconvenientes, como sucedió con la causa “Borquez”.
Por el contrario, el ex funcionario habría afirmado que sí tenían actuación la Oficina Nacional de Crédito Público, y las Direcciones General de Asuntos Jurídicos (la encabeza Yolanda Eggink) y de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía (está a cargo de Eduardo Peró). Precisamente, a este último lo citaron para que el miércoles 15 del corriente venga a prestar declaración como testigo.
Racedo también ofició para que le manden una copia certificada de la Resolución DGAJ (Dirección General de Asuntos Jurídicos) 0611, del 15 de febrero de 2005. A ella habría hecho referencia Siseles.

Muchas preguntas
Cuando prestó declaración indagatoria, al ex funcionario le preguntaron si, pese a que el Ministerio de Economía había detectado irregularidades en la “causa Borquez”, él había dado instrucciones para que los abogados que actuaban en Tucumán no formularan una denuncia penal al respecto hasta que la medida cautelar (dictada por Terán, a favor de Inés Yolanda Borquez) no fuera dejada sin efecto.
Pero Siseles se habría defendido invocando aquella Resolución DGAJ-0611 y habría agregado que esta era de antes de que notificaran que el Estado debía abstenerse de pesificar (a $1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta de Borquez.
Racedo pretende saber si la resolución contenía un instructivo acerca de cómo se debía proceder frente a casos en los que se constaban presuntas irregularidades en juicios vinculados a bonos y, si como anexo, había un modelo de denuncia penal, para que el abogado actuante radicara la correspondiente denuncia.