El Gabinete Técnico Pericial de Gendarmería Nacional sigue siendo requerido que aporte alguna luz sobre la "causa Borquez", en la que está imputado -además de otras cinco personas- el destituido juez federal Felipe Terán, por presunta participación en una tentativa de defraudación contra el fisco con títulos de la deuda pública.
A pedido del fiscal federal Carlos Brito, el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) ordenó a los peritos que cotejen la firma que el abogado Alfredo Ducca estampó el 11 de octubre (ese día declaró como imputado) con la que figura en la demanda que dio lugar al expediente a nombre de Inés Yolanda Borquez. Esta causa (civil) fue abierta contra el Estado por la normativa que pesificó (a $1,4 por dólar más CER) los títulos de la deuda pública tras el default.
La comparación también incluye a otros siete escritos que figuran en el expediente, supuestamente con la firma de Ducca.
Asimismo, los peritos deberán cotejar la rúbrica estampada por el letrado (en su indagatoria) con la que figura en la copia de la demanda que él, espontáneamente, entregó al propio Brito el 1 de setiembre de 2005. En algunos pasajes, existen diferencias entre ambos textos (el que figura en el expediente civil y el que luego presentó Ducca) en cuanto a la serie de los títulos reclamados, según el requerimiento que el fiscal efectuó el 24 de agosto.
Precisamente, Racedo intimó a Ducca a que en 24 horas entregue el original, cuya copia aportó a Brito en 2005.
Cinco días para trabajar
Los peritos deberán tener los resultados dentro de cinco días. El objetivo es determinar si, efectivamente, las firmas pertenecen a Ducca, teniendo en cuenta que la propia Borquez desconoce a este como su patrocinante. Ella sostiene que, como creía que el letrado Daniel Martín iba a llevar la causa, firmó delante de él una demanda, que no es la que figura en el expediente, en el cual se comprobó que ninguna rúbrica fue hecha por Borquez.
A pedido del fiscal federal Carlos Brito, el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) ordenó a los peritos que cotejen la firma que el abogado Alfredo Ducca estampó el 11 de octubre (ese día declaró como imputado) con la que figura en la demanda que dio lugar al expediente a nombre de Inés Yolanda Borquez. Esta causa (civil) fue abierta contra el Estado por la normativa que pesificó (a $1,4 por dólar más CER) los títulos de la deuda pública tras el default.
La comparación también incluye a otros siete escritos que figuran en el expediente, supuestamente con la firma de Ducca.
Asimismo, los peritos deberán cotejar la rúbrica estampada por el letrado (en su indagatoria) con la que figura en la copia de la demanda que él, espontáneamente, entregó al propio Brito el 1 de setiembre de 2005. En algunos pasajes, existen diferencias entre ambos textos (el que figura en el expediente civil y el que luego presentó Ducca) en cuanto a la serie de los títulos reclamados, según el requerimiento que el fiscal efectuó el 24 de agosto.
Precisamente, Racedo intimó a Ducca a que en 24 horas entregue el original, cuya copia aportó a Brito en 2005.
Cinco días para trabajar
Los peritos deberán tener los resultados dentro de cinco días. El objetivo es determinar si, efectivamente, las firmas pertenecen a Ducca, teniendo en cuenta que la propia Borquez desconoce a este como su patrocinante. Ella sostiene que, como creía que el letrado Daniel Martín iba a llevar la causa, firmó delante de él una demanda, que no es la que figura en el expediente, en el cual se comprobó que ninguna rúbrica fue hecha por Borquez.







