Cinco empleados del juzgado declararán por el caso Borquez

Procesalmente hablando, la próxima semana será muy intensa a través de una serie de medidas dispuestas en torno de la "causa Borquez". En esta se investiga una presunta defraudación al Estado nacional con títulos de la deuda pública y fue determinante para que Felipe Terán fuera destituido del juzgado federal número dos el 18 de octubre.
El viernes 17 del corriente, entre las 8 y las 12 (uno por hora), cinco personas que se desempeñan en el juzgado deberán declarar como testigos, por orden del juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán). Los citados son la prosecretaria de la Secretaría Civil, Marta Nazario de Parache, Sara Inés Caporaletti (hoy secretaria de Ejecución Fiscal y secretaria civil cuando estaba Terán) y Alejandra Morán (cumple funciones de relatora).
También fueron llamados a comparecer los empleados Osvaldo García y Teresa Blanco de Medina, que cumplen funciones en la mesa de entradas civil del juzgado.
El objetivo sería que los funcionarios y empleados expliquen quiénes y bajo qué criterios, en los hechos, trabajaban en el expediente abierto a nombre de Borquez, en el afán de lograr que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los bonos tras la declaración, de diciembre de 2001, de que el país había entrado en default (cesación de pagos) como consecuencia de la salida de la convertibilidad.

Contradicciones
Hasta el momento, en relación con el expediente fueron detectadas algunas anomalías. Por ejemplo, la firma que figura en la demanda que dio lugar al expediente no corresponde a Inés Yolanda Borquez. Además, esta asevera que rubricó otro texto (de demanda) delante del abogado Daniel Martín, que no figura en la causa. A ello hay que sumar que Borquez desconoció al letrado Alfredo Ducca, que manifiesta que era el patrocinante de la mujer, aunque admite que no la conocía, pero sí a su hija, Cristina Atim. Ducca agrega que toda la documentación era aportada por esta. Los cuatro (Borquez, Atim, Ducca y Martín, al igual que Terán) son imputados.
Asimismo, dos médicos de Santiago del Estero (Nora Brandoni y Domingo Vera) desconocieron haber atendido a Borquez, pese a que en el expediente figuran certificados de salud expedidos por ello. Ocurre que la normativa que pesificó los títulos (a un cambio de $ 1,40 más CER por dólar) preveía excepciones para quienes, por ejemplo, acreditaban que su vida o su salud corría peligro.
Antes que el personal del juzgado, el miércoles 15 deberá comparecer -también como testigo- Sergio Lázaro Peppe, director de Auditoría de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN). Este, en agosto de 2005, encabezó las auditorías que detectaron presuntas irregularidades -en causas vinculadas a títulos públicos- en los dos juzgados federales de Tucumán. Para el mismo día fue citado el director de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía, Eduardo Peró.