Quieren interrogar a una empleada del juzgado

El fiscal federal Brito indaga por qué un abogado -imputado- retiró un expediente vinculado a la causa civil antes de estar facultado. Sostiene que se facilitó el acceso a un legajo a un letrado que no estaba habilitado para ello.

INVESTIGACION. Brito pretende determinar por qué se permitió que un letrado también retirara una fotocopia cuando no le correspondía hacerlo. LA GACETA/ JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
INVESTIGACION. Brito pretende determinar por qué se permitió que un letrado también retirara una fotocopia cuando no le correspondía hacerlo. LA GACETA/ JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
Por Redacción Política 06 Noviembre 2006
No se detiene la investigación penal en torno de la "causa Borquez", que fue determinante para que Felipe Terán fuera destituido del juzgado federal número dos, y en la que se presume una presunta tentativa de defraudación contra el Estado nacional con títulos públicos. El fiscal federal Carlos Brito quiere saber por qué el abogado Daniel Martín -uno de los imputados- retiró el expediente y una fotocopia vinculada a la causa civil antes de haber estado facultado para ello. Por eso, pidió que sea citada como testigo la prosecretaria de la Secretaría Civil del juzgado, Marta Nazario, para que explique si había recibido orden de alguien para que Martín pudiera figurar -en relación con el expediente- en el Libro de Préstamos del Juzgado.
El 24 de agosto, cuando había requerido que, además de Terán y Martín, fueran citados a declarar los otros imputados, Brito había advertido que en la letra "B" del Libro de Préstamos del juzgado, el expediente ("Borquez, Inés Yolanda c/Estado nacional s/inconstitucionalidad") le había sido facilitado a Martín entre el 3 y el 6 de junio de 2005. "No había comparecido en el juicio hasta ese momento, lo que acredita su intervención y el conocimiento que el juzgado tenía de tal circunstancia, de manera que, aunque no se encontraba apersonado, se le facilitaba el acceso y el retiro del legajo sin que ello corresponda conforme lo establece el digesto ritual (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)", aseveró.

Una fotocopia
Al mismo tiempo, Brito pretende que se determine por qué el 19 de agosto de 2005 Martín retiró una fotocopia que había solicitado el abogado Alfredo Ducca (este afirma haber sido el patrocinante de Borquez) cuando recién cinco días más tarde se presentó el letrado Diego Rafael Acuña para acreditar que, junto a Ducca, era apoderado de Borquez. Esto consta en una escritura de poder (número 207), que había sido otorgado el 5 de julio de ese año por ante la Escribanía Ruesjas, en la que también constaba la designación de Martín en el mismo carácter.
En su requerimiento, Brito ya había señalado que Martín compareció el 6 de julio de 2005 con una escribana ante el Ministerio de Economía de la Nación y solicitó que se le otorgara vista del expediente administrativo, ya que el ex juez Terán ya había dictado una medida cautelar a favor de Borquez. Aquella dependencia era la que tenía que cumplir con la manda judicial (ordenaba al erario que se abstuviera de pesificar los Bontes 02 y 03 depositados en la cuenta de Borquez). Frente a la negativa de empleados de la cartera, el letrado hizo responsables directa y penalmente a una serie de funcionarios, incluido el entonces ministro Roberto Lavagna. Este episodio fue relatado varias veces durante el proceso que concluyó con la destitución de Terán.

Contradicciones
Las medidas apuntan a determinar qué papel desarrolló Martín. Borquez sostiene que estaba convencida de que este último era su abogado y que ante él firmó una demanda -no figura en el expediente civil- contra el Estado nacional, a fin de lograr la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de default (cesación de pagos), de diciembre de 2001.
No obstante, Ducca, aunque admitió que no conocía a Borquez, asevera que él era el patrocinante y que la documentación que aportó a la causa le fue facilitada por la hija de Borquez, Cristina Atim (que también está imputada, como su madre y como el propio Ducca).
Una pericia caligráfica determinó que ni la demanda con la que se abrió la causa ni los otros escritos que impulsaron el proceso fueron firmados por Borquez. Por ello, Brito también solicitó al juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) una nueva medida, a fin de que sean cotejadas caligráficamente la rúbrica que estampó Ducca cuando, el 11 de octubre, fue a prestar declaración indagatoria con las que figuran en el expediente (civil), a fin de precisar si existe correspondencia entre una y otras. Racedo aún no ha proveído estos pedidos de Brito.

Tamaño texto
Comentarios