Réquiem para la reforma política

“Que se vayan todos” fue el clamor con que la crisis de hace un lustro se manifestó en la sociedad argentina. Nunca se había escuchado nada semejante para denunciar el fracaso de la clase política, sin apelar al derrumbe inconstitucional. Esa demanda pareció entonces una propuesta de cumplimiento imposible; pero el ex presidente Eduardo Duhalde, apremiado por la inédita realidad, dio los primeros pasos para encarar la reforma política prometida por los sucesivos gobiernos desde la restauración constitucional.
   En muy corto plazo y con amplio apoyo se sancionaron las leyes que establecieron elecciones internas abiertas en los partidos, de límites temporales a las campañas, y de financiamiento y gasto de esas agrupaciones. Sin embargo, un mes después debió suspenderse la primera,  por incapacidad del Partido Justicialista para concurrir a las urnas con una fórmula única. Respecto de la ley 25.600, de financiamiento, debieron transcurrir cuatro años para que la jueza federal María Servini de Cubría la haya declarado recientemente inconstitucional, blanqueando así los desbordes de financiamiento de las campañas de Carlos Menem y de Néstor Kirchner que ascendieron a 11 y a 2,2 millones de pesos. El fallo de referencia no ha sido apelado por la fiscalía, quedando así sin revisión por la Cámara Nacional Electoral.
La ley 25.600 establecía inclusive inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero la jueza interpretó que los gastos de empresas a favor de un candidato no son controlados por este.
Precisamente, el espíritu de la norma apuntaba a los aportes no estatales, cuyos orígenes se trataban de establecer. Desde 2003 aquellos fondos de marras tuvieron un silencioso debate y hasta parecieron olvidarse sus irregularidades manifiestas; pero el hecho es ahora que los recursos financieros de las campañas aparecen virtualmente liberados por un vacío legal, mientras el país asiste a una confusión sin precedentes en lo que concierne al proselitismo de ciertos actos oficiales y cuyo descontrol fue tema editorial de LA GACETA el 14 de octubre último.
La azarosa vigencia de la ley que obligaba a los partidos a realizar elecciones internas abiertas o primarias y que sólo la Unión Cívica Radical cumplió durante su breve vigencia inicial, será el tercer acto fallido de la prometida reforma política. En efecto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados aprobó recientemente y sin mayor difusión un dictamen que la deroga, en acuerdo de los mismos partidos que la promovieron en 2002.
Esa decisión se corresponde con las graves dificultades internas que tanto el PJ como la UCR padecen para abrirse a un debate orgánico con la participación de electorado independiente.
El abandono de hecho de la reforma política mediante esas decisiones dispersas no se aviene con la proximidad del año electoral, pero sí lo hace con la estrategia oficial de “concertación plural” que acerca a los intereses del poder mediante los recursos públicos, a dirigencias y grupos partidarios. No se trata de una concertación de partidos, aclaró el ministro del Interior en su momento, “porque las representaciones partidarias están prácticamente pulverizadas”.
Es por ello, y de acuerdo con el mismo criterio, que la voz política del Gobierno llegó a calificar a esas instituciones intermedias del sistema representativo como “espacios miserables”. Desde esa visión transparente del pensamiento oficial, puede interpretarse que el régimen de partidos forma parte también del remanido pasado que el poder central vilipendia.