El ex juez federal (destituido) Felipe Terán sigue defendiendo la manera en que dictó (y redactó) medidas cautelares a favor de quienes habían accionado contra la Nación por la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública, tras la declaración de “default” de diciembre de 2001, que siguió a la salida de la convertibilidad.
Las resoluciones ordenaban al erario a que se abstuviera de pesificar (a $ 1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta del demandante, pero no establecían el monto total de los bonos (según el valor nominal) que debían beneficiarse con la cautelar. Esto hizo que el Ministerio de Economía advirtiera que, en el caso de Inés Yolanda Borquez, habían ingresado a la cuenta de esta U$S 4 millones más en bonos (en total había casi U$S 5 millones en títulos) dos meses después de que Terán hubiera emitido una resolución a su favor.
Tal como lo había hecho durante el proceso de destitución, la defensa insistió con antecedentes jurisprudenciales supuestamente favorables a su posición.
La indicación del valor nominal de los títulos, según Terán, no tenía mayor importancia, porque “lo que interesaba a los fines de la cautelar era el valor actual”. “¿Para qué hubiera servido proporcionar el valor nominal del capital si lo que se cautelaban eran los intereses, que debían estimarse periódicamente y que dependían de otros parámetros, especialmente los temporales?”, preguntó en el escrito.
El magistrado fue más terminante aún sobre el tema. “La aportación del valor nominal no habría tenido ninguna relevancia. Más bien hubiera servido para confundir al oficiado (el Ministerio de Economía). Su mención hubiera causado verdadera confusión y hubiera inducido erróneamente a considerar la posibilidad de que se hubiese debido pagar el capital”, concluyó.
Las resoluciones ordenaban al erario a que se abstuviera de pesificar (a $ 1,4 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta del demandante, pero no establecían el monto total de los bonos (según el valor nominal) que debían beneficiarse con la cautelar. Esto hizo que el Ministerio de Economía advirtiera que, en el caso de Inés Yolanda Borquez, habían ingresado a la cuenta de esta U$S 4 millones más en bonos (en total había casi U$S 5 millones en títulos) dos meses después de que Terán hubiera emitido una resolución a su favor.
Tal como lo había hecho durante el proceso de destitución, la defensa insistió con antecedentes jurisprudenciales supuestamente favorables a su posición.
La indicación del valor nominal de los títulos, según Terán, no tenía mayor importancia, porque “lo que interesaba a los fines de la cautelar era el valor actual”. “¿Para qué hubiera servido proporcionar el valor nominal del capital si lo que se cautelaban eran los intereses, que debían estimarse periódicamente y que dependían de otros parámetros, especialmente los temporales?”, preguntó en el escrito.
El magistrado fue más terminante aún sobre el tema. “La aportación del valor nominal no habría tenido ninguna relevancia. Más bien hubiera servido para confundir al oficiado (el Ministerio de Economía). Su mención hubiera causado verdadera confusión y hubiera inducido erróneamente a considerar la posibilidad de que se hubiese debido pagar el capital”, concluyó.







