Pedirían el rechazo del recurso que interpuso Terán

Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación corrió traslado a los representantes del Consejo de la Magistratura del recurso extraordinario que Felipe Terán interpuso contra el fallo que, el 18 de octubre, dispuso su destitución del juzgado federal número dos de Tucumán.
Ahora, el diputado nacional Carlos Kunkel y el abogado cordobés Luis Pereira Duarte, que habían impulsado la acusación contra Terán en representación del Consejo, disponen de 10 días hábiles para contestar. Luego, el Jurado, cuya sentencia pretende Terán que sea dejada sin efecto, deberá resolver si abre el recurso, para que, eventualmente, intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Habrá que estudiarlo", se limitó a manifestar ayer Pereira Duarte frente a una consulta de LA GACETA. No obstante, la acusación pedirá que el recurso sea rechazado por entender que, durante el proceso de destitución que siguieron contra el ex magistrado, este contó estrictamente con todas las garantías de defensa para hacer valer sus derechos.

La sentencia
El 18 de octubre, por seis votos contra tres, el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que Terán había incurrido en mal desempeño durante la tramitación de causas judiciales en las que particulares habían accionado contra el Estado nacional, como consecuencia de la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de default (cesación de pagos) que siguió a la salida de la convertibilidad.
No obstante, el miércoles Terán dedujo un recurso extraordinario por entender que, durante el proceso que le sustanciaron y que acabó con su remoción del cargo, fueron violadas en forma sistemática las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso.

Intentos fallidos
El recurso deducido por Terán es algo que intentaron -sin suerte- ocho de los 12 jueces (esta cifra lo incluye a él) que fueron destituidos mediante este sistema establecido por la reforma constitucional de 1994. En todos los casos, el Jurado rechazó los planteos por entender que lo respalda el artículo 115 de la Constitución, que establece que los fallos del tribunal son irrecurribles y que no tienen más efectos que remover a los acusados.
Frente a la negativa del Jurado, los destituidos -Terán en este caso- tienen la posibilidad de insistir con una queja -por recurso denegado- ante la propia Corte. Esta, hasta el momento -según confirmaron fuentes del Jurado a LA GACETA-, jamás encontró que en un caso se hayan dado los requisitos necesarios como para analizar si durante el proceso fueron violadas las garantías de defensa. Esto último es lo máximo que, eventualmente, podría hacer el alto tribunal, ya que no podría determinar si sustancialmente el acusado fue bien (o mal) removido del cargo, dado que esa es una función atribuida exclusivamente al Jurado por la Constitución nacional.