Por Redacción Política
03 Noviembre 2006
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Cada vez que se produce una situación como la planteada por el ex juez federal Felipe Terán -destituido- se genera una ardua discusión jurídica sobre el carácter (definitivo o no) del fallo que emite el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y sobre los alcances de una eventual revisión -de la sentencia- por parte de la mismísima Corte Suprema de Justicia.
Por medio de sus abogados, Marcelo Brito y Francisco J. D?Albora (h), Terán dedujo un recurso extraordinario contra el fallo por medio del cual, por seis votos contra tres, el 18 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento lo removió del juzgado federal número dos por haberlo encontrado responsable de mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
El ex magistrado solicitó que la sentencia sea dejada sin efecto por entender que, a lo largo del proceso de destitución, se han violado de forma sistemática las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso.
Hasta el momento, desde que el proceso de remoción ante un Jurado de Enjuiciamiento fue establecido por la reforma de la Constitución nacional de 1994, fueron destituidos 12 jueces contando a Terán. De ellos, sólo tres (Roberto Marquevich, Néstor Narizano y Eduardo Fariz) no intentaron un recurso extraordinario.
Antecedentes
Más allá de las particularidades propias de cada caso, los intentos chocan siempre contra la negativa del Jurado de Enjuiciamiento. Este suele cerrarse en torno del artículo 115 de la Constitución nacional. Esa norma establece que las decisiones de este tribunal son irrecurribles, algo que también señala el Reglamento Procesal del Jurado. Este, en su artículo 41, establece que contra la resolución del tribunal sólo procederá un pedido de aclaratoria.
Por ejemplo, frente al recurso extraordinario deducido por la ex jueza federal de Morón Raquel Morris Dooglatz, el tribunal lo rechazó y argumentó: "no corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Corte Suprema respecto de decisiones de trámite de un proceso de remoción. No existe norma que autorice la exclusión de este Jurado", según se puede leer en el libro "Proceso para la remoción de los magistrados", de Enrique Sosa Arditi y Luis Jaren Agüero.
Frente a la negativa en habilitar el recurso, los jueces destituidos suelen interponer una queja -por recurso denegado- ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea ella misma la que resuelva si corresponde abrir esta instancia de revisión extraordinaria.
Un caso paradigmático
En la causa abierta por el ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa (fue el primer destituido por este procedimiento), la Corte, a la que el ex magistrado había recurrido en queja, concluyó en diciembre de 2003 que en el caso no estaban reunido los requisitos imprescindibles para habilitar el recurso extraordinario. No obstante, fijó qué podía revisar ella respecto de una decisión del Jurado de Enjuiciamiento.
En primer lugar y, en relación con el sentido del artículo 115, cuya declaración de inconstitucionalidad había solicitado Brusa, la Corte aclaró que ella seguía siendo la que controlaba cómo ejercían los otros poderes y órganos establecidos (como el Jurado de Enjuiciamiento) sus potestades a la luz de los principios constitucionales. Luego de haber establecido que, por vía de un recurso extraordinario, podía llegar a intervenir, el alto tribunal fijó cuál podía ser el alcance de su actuación. "No podrá la Corte sustituir el criterio del Jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio", sentenció.
El corolario es que, en el caso de Terán, como en el de los otros, si el recurso extraordinario fuera habilitado y la causa llegara a la Corte, esta, a lo sumo, podría analizar si fueran violadas las garantías de defensa en el proceso de destitución, pero no reponer al ex magistrado en el cargo o concluir que su remoción fue equivocada (o acertada).
Por medio de sus abogados, Marcelo Brito y Francisco J. D?Albora (h), Terán dedujo un recurso extraordinario contra el fallo por medio del cual, por seis votos contra tres, el 18 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento lo removió del juzgado federal número dos por haberlo encontrado responsable de mal desempeño en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública.
El ex magistrado solicitó que la sentencia sea dejada sin efecto por entender que, a lo largo del proceso de destitución, se han violado de forma sistemática las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso.
Hasta el momento, desde que el proceso de remoción ante un Jurado de Enjuiciamiento fue establecido por la reforma de la Constitución nacional de 1994, fueron destituidos 12 jueces contando a Terán. De ellos, sólo tres (Roberto Marquevich, Néstor Narizano y Eduardo Fariz) no intentaron un recurso extraordinario.
Antecedentes
Más allá de las particularidades propias de cada caso, los intentos chocan siempre contra la negativa del Jurado de Enjuiciamiento. Este suele cerrarse en torno del artículo 115 de la Constitución nacional. Esa norma establece que las decisiones de este tribunal son irrecurribles, algo que también señala el Reglamento Procesal del Jurado. Este, en su artículo 41, establece que contra la resolución del tribunal sólo procederá un pedido de aclaratoria.
Por ejemplo, frente al recurso extraordinario deducido por la ex jueza federal de Morón Raquel Morris Dooglatz, el tribunal lo rechazó y argumentó: "no corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la Corte Suprema respecto de decisiones de trámite de un proceso de remoción. No existe norma que autorice la exclusión de este Jurado", según se puede leer en el libro "Proceso para la remoción de los magistrados", de Enrique Sosa Arditi y Luis Jaren Agüero.
Frente a la negativa en habilitar el recurso, los jueces destituidos suelen interponer una queja -por recurso denegado- ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea ella misma la que resuelva si corresponde abrir esta instancia de revisión extraordinaria.
Un caso paradigmático
En la causa abierta por el ex juez federal santafesino Víctor Hermes Brusa (fue el primer destituido por este procedimiento), la Corte, a la que el ex magistrado había recurrido en queja, concluyó en diciembre de 2003 que en el caso no estaban reunido los requisitos imprescindibles para habilitar el recurso extraordinario. No obstante, fijó qué podía revisar ella respecto de una decisión del Jurado de Enjuiciamiento.
En primer lugar y, en relación con el sentido del artículo 115, cuya declaración de inconstitucionalidad había solicitado Brusa, la Corte aclaró que ella seguía siendo la que controlaba cómo ejercían los otros poderes y órganos establecidos (como el Jurado de Enjuiciamiento) sus potestades a la luz de los principios constitucionales. Luego de haber establecido que, por vía de un recurso extraordinario, podía llegar a intervenir, el alto tribunal fijó cuál podía ser el alcance de su actuación. "No podrá la Corte sustituir el criterio del Jurado en cuanto a lo sustancial del enjuiciamiento, esto es, el juicio sobre la conducta de los jueces. En cambio, sí será propio de su competencia, por vía del recurso extraordinario, considerar las eventuales violaciones -nítidas y graves- a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio", sentenció.
El corolario es que, en el caso de Terán, como en el de los otros, si el recurso extraordinario fuera habilitado y la causa llegara a la Corte, esta, a lo sumo, podría analizar si fueran violadas las garantías de defensa en el proceso de destitución, pero no reponer al ex magistrado en el cargo o concluir que su remoción fue equivocada (o acertada).
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