Insisten en señalizar los centros clandestinos

El gobierno de Alperovich pretende que en los sitios de detención durante la última dictadura militar funcionen espacios culturales.

Por Redacción Política 27 Octubre 2006
El gobierno tucumano insistió hoy en la necesidad de que sean señalizados los 33 sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura militar.

"Hay que hacer esto, porque tiene que ver con nuestra historia reciente, con la búsqueda de la verdad y -sobre todo- con la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que trabajaron muchísimo en este tema", explicó hoy a la prensa el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.

El funcionario precisó que la propuesta del Poder Ejecutivo, que envió un proyecto de ley a la Legislatura, es que en los 33 lugares identificados por los informes de la Comisión Bicameral de 1987 y de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) funcionen centros culturales o espacios para la reflexión.

"Hay que trabajar por la memoria e involucrarla a la sociedad, para que tenga mucha conciencia acerca de lo que sucedió", aseveró Posse, quien destacó que "en Tucumán, en 1975, comenzó a generarse el clima del terrorismo de Estado, que luego iba a imperar en todo el país".

Entre las propuestas del gobierno está, además, la construcción de una "Casa de la Memoria" en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención de personas conocido como "La Escuelita" de Famaillá, ciudad ubicada a 25 kilómetros de la capital.

Actualmente, en el predio de "La Escuelita" funciona la escuela Diego de Rojas, razón por la que el Ejecutivo solicitó autorización a la Legislatura para disponer del inmueble y a poder reubicar el establecimiento educativo en un lugar próximo.

El segundo proyecto, el de la señalización, apunta a que, como ya sucede en Córdoba y en Trelew, en sitios como la ex Jefatura de Policía o en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, ubicados en las afueras de la capital, sean colocadas placas que indiquen qué función cumplieron entre 1976 y 1983.

En tercer lugar, el gobierno de José Alperovich pretende abrir los archivos pertenecientes a organismos provinciales oficiales que, durante los años 70, hayan sido utilizados para la concreción de violaciones a los derechos humanos. (Télam)

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