Un proyecto para reabrir la Fiscalía Anticorrupción molestó a la Corte

Un nuevo e imprevisto foco de tensión se produjo entre los poderes Legislativo y Judicial, a partir de la sanción parlamentaria de una resolución que pasó inadvertida, pero que generó fastidio en tribunales.
En la sesión del 18 de setiembre, los legisladores aprobaron por unanimidad y a mano alzada la resolución 125/2006, por medio de la cual se dirigían a la Corte Suprema de Justicia y le solicitaban la reapertura de la Fiscalía Anticorrupción (FA) que existió hasta el 29 de setiembre del año pasado en el Centro Judicial de la Capital, la que investigaba las denuncias por delitos contra el erario provincial.
El proyecto integraba un paquete de iniciativas tratadas en la sesión en módulo (no en forma individual, una por una), como dictámenes de la comisión de Legislación General. Por ello, algunos legisladores no tenían presente el tratamiento y la sanción de este pedido.
Cuando la decisión llegó a la Corte, hubo sorpresa y malestar en cantidades casi iguales. Sin embargo, los magistrados optaron por el silencio y prefirieron no efectuar ningún planteo público sobre la situación. En privado, en cambio, interpretaron al pronunciamiento parlamentario como una intromisión de la Legislatura en facultades propias de la Justicia.
Recordaron que la FA comenzó a funcionar el 1 de junio de 2000, por un decreto interno del entonces ministro fiscal de la Corte, José Ricardo Falú, quien designó a Esteban Jerez. Cuando este dejó el cargo para dedicarse a la política, el ministro fiscal Luis de Mitri delegó esa función en el fiscal Pedro Gallo, el 10 de abril de 2003. Finalmente, hace 13 meses (luego de un pronunciado declive en la cantidad de denuncias, la Corte dictó la acordada 560, por la cual eliminó la FA y se volvió al viejo sistema, en el cual todas las Fiscalías eran competentes para investigar denuncias por corrupción. De este modo, en Tribunales se demostró que el asunto siempre fue tratado dentro de ese poder, sin que sea objeto de decisiones de afuera.

El trámite parlamentario
La historia del proyecto en la Legislatura comenzó el 26 setiembre de 2005, cuando los radicales Juan Roberto Robles y José Cano presentaron un proyecto de declaración (llevó el número 248) para que el cuerpo manifieste "su categórica oposición a la disolución" de la FA.
El 13 de setiembre de este año, la comisión de Legislación General transformó el texto en una resolución por la cual se pedía el renacimiento de la oficina, con las firmas de los justicialistas Rodolfo Ocaranza, Marta Zurita y Rolando Alfaro, y del republicano Ernesto Padilla. Así fue como llegó al recinto.
Enterado de la repercusión en el Poder Judicial de lo sancionado, Ocaranza aclaró que hubo un error. "Evidentemente, la iniciativa debió haber sido archivada, y no integrar un paquete para la aprobación, porque es un asunto extemporáneo. Me hago responsable de lo que pasó", señaló. Padilla no opinó lo mismo. El bussista explicó que la resolución es una simple aspiración de la Legislatura, sin tener carácter imperativo. "Queda en facultad del destinatario del pedido que acceda o no a lo que se le requiere. Siempre dejamos en salvaguarda la potestad del Poder Judicial sobre la materia", afirmó Padilla.