Desconocen un certificado de salud

Una médica de Santiago del Estero, que declaró como testigo en la causa, reiteró que no recuerda haber atendido a la imputada.

EN TRIBUNALES. Ducca persiguió una declaración de inconstitucionalidad. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
EN TRIBUNALES. Ducca persiguió una declaración de inconstitucionalidad. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
Por Redacción Política 27 Octubre 2006
La médica Nora Brandoni, de Santiago del Estero, reiteró ayer ante el juez federal subrogante Mario Racedo (reemplaza al destituido Felipe Terán) que no recuerda haber atendido a Inés Yolanda Borquez. El lunes había manifestado lo mismo Domingo Vera, otro profesional de la salud de la vecina provincia.
La médica declaró como testigo en la causa en la que se investiga una presunta tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional con títulos de la deuda pública y en la que está imputado ?entre otras cinco personas- el propio Terán, quien fue citado para que el lunes preste declaración indagatoria.
A Brandoni le exhibieron la copia de un certificado de salud, supuestamente extendido por ella, que figura en el expediente abierto como consecuencia de la demanda promovida a nombre de Borquez (ver nota aparte), en noviembre de 2004, contra la normativa que pesificó los bonos tras la declaración de que la Argentina había entrado en default (cesación de pagos). Como lo había hecho Vera, la profesional reconoció que parecía ser su firma y que ella habría efectuado el diagnóstico, pero no en relación con Borquez, sino con otra persona, motivo por el cual sugirió que la letra con el nombre del paciente verdadero habría sido adulterada.
Como consecuencia, ahora podrían solicitar a los institutos en los que trabajan Brandoni y Vera que remitan los originales que se corresponden con los números de los formularios que figuran en el expediente de Borquez. El objetivo sería constatar la veracidad de lo que declararon ambos médicos.
La finalidad del certificado habría sido, supuestamente, acreditar que Borquez padecía problemas de salud. Ocurre que la normativa que pesificó los títulos (a un cambio de $ 1,40 más CER por dólar) preveía excepciones para quienes, por ejemplo, acreditaban que su vida o su salud corría peligro. No obstante, Alfredo Ducca, que figura como patrocinante de la mujer, aunque ella dice que no lo conocía, siempre relativizó la cuestión de los certificados médicos.
El 11 del corriente, cuando Ducca declaró como imputado, habría dicho que mencionó lo de la enfermedad, pero no para fundar una pretensión (pedido) particular, sino por simple analogía con demandas similares sobre la materia. En todo momento, insistió en que perseguía la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que pesificó los títulos.
El miércoles, cuando salió de los careos que mantuvo con Borquez y con la hija de esta (Cristina Atim, también imputada como su madre), Ducca reiteró que su objetivo había sido lograr la declaración de inconstitucionalidad y dijo que numerosos tribunales de Justicia del país así lo habían hecho. "La cuestión de la edad o de una enfermedad no tiene nada que ver. El reclamo también es independiente de la fecha de compra de los títulos", había aseverado.



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