Confirman que las firmas no son de Borquez

Cada día que pasa, surge un nuevo elemento que fortalece la hipótesis de que la denominada “causa Borquez”, abierta en noviembre de 2004 contra el Estado nacional y que fue determinante para la destitución de Felipe Terán del juzgado federal número dos, estaría plagada de irregularidades. La pericia caligráfica concretada por expertos de Gendarmería Nacional confirmó que ninguna de las firmas estampadas en el expediente civil fueron efectuadas por Inés Yolanda Borquez.
El 12 del corriente, delante de los peritos, Borquez había conformado un cuerpo de escritura, que fue cotejado con las rúbricas que figuran en el expediente formado como consecuencia de la demanda deducida contra la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
Borquez, jubilada docente, sostiene que firmó una demanda, pero delante del abogado Daniel Martín, no de Alfredo Ducca, que figura como patrocinante en el expediente. A su vez, Ducca reconoce que no conocía a Borquez, pero sí a la hija de esta, Cristina de Fátima Atim, quien le habría encomendado la tarea, según su versión, pero que es negada por la mujer. El abogado de Ducca, Luis Acosta, explicó que su cliente, por medio de Atim, remitía los escritos a Borquez para que esta los firmara.
Atim y Borquez insisten en que en la supuesta demanda originaria, que no está en el expediente, surge con claridad que el planteo era sólo por U$S 620.000 en bonos (Bontes 02). El escándalo se desató cuando el Ministerio de Economía de la Nación constató que a la cuenta de la mujer habían ingresado otros U$S 4 millones más en títulos, en febrero de 2005, después de que Terán había ordenado al fisco que se abstuviera de pesificar (a un cambio de $ 1,40 más CER por dólar) los bonos depositados en la cuenta, pero sin precisar la cantidad de títulos que debía beneficiarse con la medida cautelar. Esto, en los hechos, implicaba la devolución de la renta que generaban los bonos, pero según la cotización del dólar en el mercado libre.
Por su parte, Ducca asevera que toda la documentación aportada a la causa la recibió de Atim y que, en cuanto al movimiento que generó la millonaria multiplicación de la cantidad de los títulos, era una cuestión que manejaba exclusivamente la titular de la cuenta. 

Pedido de sobreseimiento
Ayer reinaba el optimismo entre los abogados de Borquez y de Atim. El codefensor, César Merlo, anticipó que, después de que estudie detenidamente el informe de Gendarmería, solicitará al juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) que disponga el sobreseimiento de Borquez. “Si la actora de la causa no firmó la demanda, debe caer todo el expediente civil, porque el acto que supuestamente le había dado origen se vuelve inexistente”, conjeturó el abogado.
Cuando declaró como imputada, Borquez sólo había reconocido como suya la firma que estampó cuando, luego de que el ex juez Terán había dispuesto la medida cautelar a su favor, debió prestar caución juratoria.
A partir de los resultados de Gendarmería, la defensa requerirá que la propia Atim, Ducca y Martín sean sometidos a una pericia caligráfica. “Tenemos que saber quién efectuó la firma de la señora Borquez. Además, si ellos (por Ducca y su abogado, Acosta) dicen que Atim es la intermediaria, esto nos sacará de la duda”, advirtió Merlo.