La oficina sindical del poder

BUENOS AIRES.- El escándalo de San Vicente está teniendo ahora una derivación excepcional en el caso de la CGT, demostrativa de hasta qué punto el sistema sindical está cada vez más lejos del régimen pluralista que la Constitución define en su artículo 14 bis. En algunas ocasiones, la central obrera beneficiada por el unicato tuvo la prudencia de disimular su militancia peronista, mediante la fachada de las 62 Organizaciones, pero en esta oportunidad la crisis ha sido tan grave que el secretario general Hugo Moyano ha debido ampararse en el presidente Kirchner para poder salvar su posición. Nadie puede dudar de esa dependencia del aparato laboral que pomposamente suele aludir a los “cuerpos orgánicos” para disfrazar lo evidente. Todos, absolutamente todos los dirigentes que integran la plana mayor del camionero que cometió el error de San Vicente, son militantes en el PJ y actúan sin disimulo como tales. Igual que en el pasado, quizá ahora más intensamente, el Gobierno los usa como tales, pero, en el caso de Moyano, lo hace a conciencia de su poderío operativo para manejar la etapa más delicada que se avecina con el año electoral y a la que ya se aludió aquí cuando el secretario de la CGT hizo saber de su interés en normalizar al PJ, interfiriendo en la estrategia presidencial. El apoyo recibido ahora en la Casa Rosada congelará seguramente aquellas inquietudes, pues el peronismo, evidentemente, no está para internas normalizadoras tras lo visto ante el sepulcro del fundador.
La creciente renovación de acuerdos con los sectores empresariales que procuran cubrir el riesgo inflacionario que está dando contexto al año electoral, constituye una sutil cadena de compromisos verbales, con el condicionamiento expreso de que los insumos no se alterarán. Con ese supuesto voluntarismo se ha estado tratando hasta ahora de evitar que las presiones del poder político  aparezcan violentando el sistema de mercado sui generis que aún perdura en el país. También se trata de cubrir, eludiendo los compromisos de la realidad, todo el año electoral donde las cartas del kircherismo son sus logros en la Economía. Sin embargo, la ministra Felisa Miceli parece no haber advertido que su severa respuesta al sector de la medicina prepaga, que acaba de anunciar aumentos superiores a los del criterio oficial, contradice el criterio de los acuerdos, al apelar a decisiones compulsivas. Ningún régimen legal establece en el país fijación de precios y tan sólo funcionan los concernientes a la defensa del consumidor y de la competencia.
La reacción de Miceli ha estado lejos, pues, de favorecer el discurso presidencial para los eventuales inversores, mientras la autonomía de la medicina prepaga enviando avisos sobre aumentos a los abonados puede verse como una presión para que el secretario de Comercio Exterior, el implacable Guillermo Moreno, no demore la negociación. (Sucursal Buenos Aires)