La quema irracional de caña debe castigarse

A  la hora de más alta temperatura del martes último, unas 750.000 personas de Tucumán se quedaron sin energía eléctrica, y lo mismo les ocurrió a unos 110.000 usuarios de Salta y a unos 90.000 de Jujuy. Motivo del apagón fue que, en una finca de Lastenia, las llamas de la quema de cañaverales provocaron la caída de un cable de alta tensión. Esto suscitó el corte de electricidad en Tucumán y en las provincias vecinas a las que sirve la empresa transportadora de energía.
   Parece obvio comentar los infinitos trastornos, de todo tipo, y muchos de gran importancia, que derivaron de la interrupción del servicio. Y que sin duda se hicieron mucho más penosos por el hecho de haber ocurrido justo cuando el termómetro marcaba más de 35 grados.
   Si la situación se hubiera debido -como se pensó al principio- a la excesiva demanda de energía, no causaría la indignación que suscitó comprobar que, por el contrario, tuvo su origen en un acto consciente de irresponsabilidad de las personas.
   Dista de ser la primera vez que nos vemos obligados a soportar las consecuencias de estas dañosas conductas en los cañaverales.
   Como lo recordamos en nuestra crónica de ayer, en 1999 se produjeron, en 14 oportunidades, cortes similares; en  2004, la cifra ascendió a 30, y el año pasado el problema continuó vigente, a pesar de la norma que limitaba al 5 % anual el área permitida de quema.
   El gerente de la empresa, en declaraciones a nuestro diario, recordó que se habían realizado campañas televisivas y radiales donde se solicitaba no quemar cañas en las proximidades de lo cables. Y consideró que, visto lo ocurrido, “esto parece un cuento de nunca acabar”.   Sin duda, le asiste razón. Parece difícil entender que haya agricultores que, a pesar de todo, continúen sin tomar conciencia acerca de los daños que causan al prender fuego a las plantaciones, desoyendo las advertencias y las llamadas a la reflexión que se les han formulado.
   Pensamos que, vista dicha reticencia, es hora de que el poder público tome enérgicas medidas para poner término a situaciones como las descriptas, que nos afectan seriamente a todos en los más diversos aspectos de la vida cotidiana, así como a los establecimientos sanitarios y a la actividad comercial e industrial de nuestra provincia y de las vecinas, en general.
No puede admitirse la reiteración de procedimientos que, en los hechos, no representan sino un atentado a la sociedad.
   Lo curioso es que, a pesar de la larga historia que tienen las quemas de caña junto a los cables, y de lo relativamente sencillo que parece individualizar a los responsables, no se sabe que tales atentados hayan recibido la sanción que corresponde, hasta la fecha. Por algo es que se repiten. Y no puede sino considerarse singular el hecho de que, mientras se ha logrado el acatamiento general de algunas leyes -como la antitabaco- no se consiga un resultado similar con otras, a pesar de su vasta implicancia social.
   Es el Estado, repetimos, el que, por medio de sus organismos policiales y comunales, debe intervenir de modo resuelto y eficiente en esta cuestión.
   Los autores de quemas de cañaverales tienen que ser responsabilizados severamente por su actitud.  Si así ocurriera, es más que seguro que el número de estos perjuicios disminuiría hasta desaparecer. Convendría, en consecuencia, que se tomen las medidas enderezadas a evitar, a la gran masa de los habitantes, situaciones tan injustamente dañosas como la suscitada en la tarde del martes.