Frenan un aporte de $ 2,5 millones para la SAT

El Tribunal de Cuentas considera que la ayuda financiera del Gobierno a la empresa excede la autorización legal y es improcedente. La Sociedad Aguas del Tucumán había solicitado a la Provincia $ 5 millones. Dudas sobre el capital de la firma.

DE MENOR ENVERGADURA. Los fondos aportados por la Provincia estaban destinados a la realización de trabajos públicos de bajo costo. LA GACETA / HECTOR PERALTA
DE MENOR ENVERGADURA. Los fondos aportados por la Provincia estaban destinados a la realización de trabajos públicos de bajo costo. LA GACETA / HECTOR PERALTA
Por Redacción Política 25 Octubre 2006
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) podría perder un aporte de $ 2,5 millones concedido por la Provincia para la ejecución de obras, a partir de las observaciones jurídicas formuladas por el Tribunal de Cuentas (TC).
A través del acuerdo 2.838, el organismo de contralor expresó su formal oposición al decreto 3.040/3. Por el instrumento, el 18 de setiembre el gobernador José Alperovich otorgó un Aporte Irrevocable de $ 2,5 millones a la SAT, pagadero en cinco cuotas iguales y consecutivas.
Según los antecedentes administrativos, fue el titular de la SAT, Alfredo Calvo, quien solicitó a la Secretaría de Hacienda $ 5 millones en concepto de Aporte no Reintegrable. Ese monto estaría destinado a cubrir inversiones ya realizadas o a realizar en el transcurso del año. Sin especificar cuáles obras, en su escrito Calvo las consideró "imprescindibles para el adecuado y mejor funcionamiento del servicio de aguas en la Provincia". Además, dejó constancia de que el dinero sería destinado a inversiones de menor envergadura, ya que las obras de mayor costo son financiadas por la Nación.
A través del dictamen 1.367, Fiscalía de Estado objetó la aplicación de la figura del Aporte no Reintegrable en el caso de la SAT. "Se encuentra previsto para para organismos descentralizados, mientras que la SAT no puede considerarse un organismo de tales características por ser una sociedad comercial y sus actos regirse por el derecho privado. Existe una imposibilidad de otorgarlo", advirtió Fiscalía, aunque aconsejó que el aporte fuera canalizado por un Aporte Irrevocable. Fiscalía adujo que esa figura fue prevista para las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (Sapem), a través del decreto 1850/3 de 2001.

Contrapunto
Pero la opinión del Tribunal de Cuentas fue distinta. Los auditores argumentaron que la norma sólo contempla erogaciones para la constitución de una sociedad anónima. "El aporte que se pretende excede la autorización legal, y resulta absolutamente improcedente", afirmaron.
El TC objetó, inclusive, los fundamentos del decreto. En el instrumento, Alperovich recordó que, a través del decreto 4.751/3 de diciembre de 2005, ya había concedido a la SAT $ 6 millones. "Si bien se disponía un Aporte Irrevocable, respondía al cumplimiento de la obligación del Estado de aportar el 25% del costo total de las obras detalladas en el convenio de financiamiento suscripto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa)", aclaró el órgano de contralor.
Al indagar sobre el destino de aquella ayuda, al TC se le encendió otra luz de alerta: si el ingreso de los $ 6 millones quedó registrado o no en el capital de la empresa. Según el expediente del Tribunal de Cuentas, no hubo ninguna modificación del capital ni del contrato social de la SAT. Por ello, planteó al PE que debe requerir a la SAT la regularización de la documentación faltante. "Al no concretarse la emisión de acciones, podría incurrirse en detrimento del patrimonio estatal", advirtió el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, en el reciente acuerdo que firmó junto con el vocal Sergio Díaz Ricci.
Ante el freno del TC, al PE se le abren dos posibilidades si es que pretende concretar la ayuda financiera a la SAT. Puede insistir con sus fundamentos y remitir otra vez el decreto al organismo de control (cuenta con 15 días hábiles); o bien intentar que la Cámara sancione un proyecto de ley a través del que se avale el aporte.


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