Unidos por el mismo destino, como siameses
Terán y Parache están ligados a partir de la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, de 2005, que advirtió sobre supuestas irregularidades en sus juzgados. Por Federico Abel - Redacción LA GACETA.
25 Octubre 2006 Seguir en 
En la faz penal e institucional, los destinos de Felipe Terán y de Jorge Parache, mal que les pese, siguen inextricablemente unidos, como si se tratara de siameses. La madre de este fenómeno es, sin dudas, aquella silenciosa pero contundente auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación que, en agosto de 2005, advirtió sobre supuestas irregularidades gemelas en los dos juzgados federales de Tucumán durante la tramitación de demandas contra el Estado nacional, como consecuencia de la pesificación de los títulos de la deuda pública que siguió a la declaración de “default” (cesación de pagos), de diciembre de 2001.Aunque a ambos, a fines de 2005, en el Consejo de la Magistratura les iniciaron sendos sumarios (con instructores diferentes), el de Terán siempre fue más rápido por la espectacularidad de la causa “Borquez” y, por ende, por la posibilidad de una tentativa de defraudación contra el fisco por casi U$S 5 millones en bonos.
Parache fue el principal usufructuario de esta situación durante casi un año. Pero hace una semana se acabó la pantalla que siempre supuso Terán acaparando todas las miradas. Seis de los nueve miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación concluyeron que, por haber incurrido en mal desempeño, se había quebrado la confianza que la sociedad había depositado en Terán para que continuara impartiendo Justicia (el noble oficio de justiciero, como le gustaba decir al inolvidable tucumano Juan Heller). Un proceso de remoción –como el que afrontó Terán- siempre supone un examen valorativo para determinar si la idoneidad (jurídica y moral) que había motivado el nombramiento del acusado se mantuvo durante el ejercicio de la función.
Respuesta unánime
En el caso de Terán la respuesta fue terminantemente que no. Sólo Eugenio Zaffaroni, exacerbando su puntilloso garantismo y trasladando rígidamente conceptos del Derecho Penal a un juicio de naturaleza política, endilgó a quienes acusaban (el diputado Carlos Kunkel y Luis Pereira Duarte) el no haber sostenido oralmente en el momento de los alegatos ante el jurado todos los cargos que habían formulado por escrito. Aunque bajo el tamiz del formalismo fue una manera de decir que la acusación había sido imprecisa.
El Jurado de Enjuiciamiento, al haber determinado que Terán ya no reunía las condiciones mínimas exigidas para ser magistrado, lo colocó en la simple condición de ciudadano y, en ese carácter, ahora tendrá que demostrar que, además de la destitución (reproche de carácter político-institucional), no se hizo pasible también de un reproche penal. El próximo lunes, como consecuencia, deberá volver al mismo despacho del que se fue como juez (suspendido) el 12 de junio, pero esta vez como imputado.
Contra el corporativismo
Con Terán fuera del juego institucional y con problemas de orden penal, Parache pareciera que ha comenzado a intuir que su derrotero, en ambos planos, puede terminar con el mismo epílogo. Esta puede ser la explicación de su pedido de licencia. Ya debe estar especulando si le conviene que su situación sea resuelta por este o por el próximo Consejo de la Magistratura (actuará desde el 17 de noviembre), en el que tendrá más fuerza aún el componente político.
Para colmo, dos de los tres nuevos representantes que tendrán los jueces en ese órgano –con Luis María Cabral a la cabeza- ya advirtieron que no defenderán corporativa e intransigentemente a sus pares, algo que no siempre estuvo tan claro cuando Claudio Kiper (ahora concluye su mandato) llevaba la voz cantante en el estamento.
A todo lo dicho resta agregar algo. Si el juez subrogante Mario Racedo (reemplaza a Terán) resuelve con la misma celeridad con que lo hizo respecto de Terán (no más de 25 días) el requerimiento del fiscal Carlos Brito, para que Parache también declare como imputado (en la causa “Taranto”), pero como presunto partícipe de una supuesta defraudación contra el fisco por 1,3 millón (la figura es más grave que la que pesa sobre Terán), el titular del juzgado número uno seguiría al pie de la letra la historia que acabó con Terán destituido.







