El país, ante una crisis moral

En un año habrá elecciones generales en todo el país y nadie podría afirmar que en el hervor que padece la política argentina ese tema no está ya presente, estimulado especialmente por los gestos presidenciales y de gobernadores. Sin embargo, nunca como en esta ocasión la inactividad de los partidos políticos ha sido tan extraordinaria. Ejemplo de ello es la dificultad, por no decir imposibilidad, de cualquier ciudadano para hallar un comité funcionando, mientras en los medios aparecen los dirigentes actuando a distancia de las tradicionales actividades de sus partidos.
   El testimonio más preocupante es el del distrito federal y el conurbano bonaerense, desde donde un centralismo cada vez más fuerte gobierna al país en creciente desmedro del federalismo. Los partidos demuestran con ello que están dejando de ser las organizaciones intermedias de nuestro sistema democrático y se desconocen sus padrones actualizados de afiliados.
   Los dos mayores son testimonios cabales de esa situación de crisis por la que nada se hace para recuperar el sistema; y los menores y nuevos representan poco más que siglas sin recursos y con escaso interés en la formación ciudadana.
   La situación del Partido Justicialista acaso constituya la más depresiva realidad: intervenida su conducción nacional hace dos años, no hay señales de que el oficialismo resuelva su normalización mediante un proceso interno con intervención de los afiliados. El presidente Kirchner, árbitro indiscutido de esa decisión, ha seguido dando prioridad al Frente para la Victoria, una agrupación transversalista con personería difusa que recibe señales desde la Casa Rosada.
   El FPV y la llamada concertación plural son las herramientas políticas preferidas por el hiperpresidencialismo. En la segunda, aparece la división de la Unión Cívica Radical, donde la mayoría de sus gobernadores y centenares de intendentes han sido cooptados por el poder central, mediante remesas continuadas de recursos. La caja presidencial es la fuente financiera fiscal que la mayoría oficialista del Congreso ha establecido apelando a superpoderes delegados mediante controles nulos o tardíos.
   Gobernadores e intendentes de la UCR niegan la cooptación y han solicitado en reiteradas ocasiones la vigencia de un nuevo régimen de coparticipación federal, pendiente desde hace una década; la reforma política prometida por Kirchner a poco de asumir, y la financiera, entre otros temas. En relación con la coparticipación, el titular de Presupuesto y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich, acaba de afirmar que esa actualización constitucional es imposible antes de 15 o 20 años, lo cual advierte sobre otra prolongada irregularidad institucional.
   El sintético panorama sobre el rol secundario de los partidos que el creciente centralismo presidencial agregó a la crisis de hace un lustro, tiene como contrapartida una realidad tan evidente como el horario solar: el Gobierno central, además de sus funciones constitucionales específicas, actúa como un gran aparato que subvenciona campañas políticas, sin escrúpulos si es necesario, como ocurre en estos días en Misiones.
   Sin el menor pudor, esas circunstancias han nacionalizado el proceso misionero, donde el nepotismo y la corrupción se confunden con la fidelidad a un modelo de decadencia nacional que augura tiempos oscuros para la República. A la diversidad de episodios de barbarie que se han vivido al mismo tiempo, ese estilo nefando de acción política que se irradia o tolera por el poder central, agrega la más grave amenaza para una sociedad: su crisis moral.