La escuela no puede hacerse la distraída

La discusión por la nueva ley educativa no está divorciada de la polémica que ha estallado tras la muerte del niño César Navarro Murhell por una bala policial, a raíz de un episodio con condimentos de patoterismo adolescente.
En el debate por la nueva norma -y en el de los temas que conforman la actual agenda socioeducativa de la Argentina- están presentes dos cuestiones sobre las cuales la Iglesia ha fijado posición. Uno de ellos es que a la escuela, según la Iglesia, le corresponde un rol complementario al de la familia, y no sustitutivo, en lo que a educación sexual respecta. La Iglesia también ha venido advirtiendo que en la Ley Nacional de Educación en discusión en la Argentina no hay casi menciones a la religión o a la espiritualidad.
Esto último es cierto,: el espíritu de la ley en debate tiene un fuerte componente laicista y se prioriza la educación en valores ciudadanos, solidarios y democráticos (herramientas conceptuales y éticas para la construcción del Estado) por sobre los espirituales, que, consideran los autores del anteproyecto, hacen a la esfera de la libre elección de los individuos. De todos modos, la iniciativa establece la responsabilidad de las confesiones religiosas como partícipes de la educación de los chicos, así como el rol de la familia como agente "natural y primario" (artículos 4 y 6), y apuesta, al menos en la letra, a un ideario que propugna la diversidad.
Sin embargo, salvo algunas ONG cercanas a la Iglesia y la "Asociación de padres", los padres y las madres de los estudiantes apenas han participado en las discusiones. Al margen de que ese silencio resulte cuestionable, lo que vale remarcar es que, ante la eventualidad de situaciones familiares disfuncionales o "desinteresadas", la escuela sigue siendo, con todas sus fisuras, el único ámbito institucional desde el cual el Estado debe, por obligación constitucional, acercarles a los niños y a los adolescentes las herramientas conceptuales para que estos puedan desarrollar una vida signada por elecciones sanas.
En el artículo 8 del anteproyecto oficial se enfatiza que el Estado debe ser -con el financiamiento adecuado- el garante del acceso a la educación pública y al conocimiento. El rol de la escuela como agente social organizador no es una cuestión menor, ante el paisaje de una comunidad en la que la familia como institución está jaqueada, y el más claro ejemplo de ese quiebre son las pandillas de clase media alta que han irrumpido con particular violencia en estos últimos años en Tucumán, en el caso de las cuales la figura de los padres ausentes -o que son ciegos a ciertos hábitos violentos o disfuncionales de sus hijos- tiene peso. Lo dijo la jueza de Menores Nora Wexler, cuando observó que ni los padres ni los maestros detectan la violencia cotidiana que emerge de ciertos grupos adolescentes. En los colegios privados, los gabinetes psicopedagógicos no dan abasto ante tanto desmadre, que no distingue sexo ni clase social. Y en la Cámara, el legislador José Cano propone que haya psicólogos en todas las escuelas públicas.
Paradojas de una realidad que no es "blanco o negro": el 10 de octubre, César Navarro Murhell caía bajo la bala de un policía, víctima "colateral" de la gresca provocada por adolescentes que salían de la semana de un colegio.
Ese mismo día, en el Congreso de la Nación, a 1.400 km de distancia, desconocedores del drama de César, jóvenes tucumanos que participaban del "Parlamento juvenil" resolvían que los centros de estudiantes no sólo deben ser "organizadores de fiestas"; que hay que reforzar el sistema de gabinetes psicopedagógicos. Y sintetizaron un sentir común con sus pares de las otras provincias argentinas: "queremos ser escuchados", le dijeron a LA GACETA.
La Iglesia, en su mensaje, afirma que la escuela no debe sustituir la misión de los padres sino sumar. El debate por la ley educativa zanja, al menos en un aspecto, los vicios de un Estado ausente. Ahora, resta trabajar sobre otros grandes ausentes, los padres.