La probidad de los jueces es fundamental

La destitución de uno de los jueces federales de Tucumán, dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de alternativas que hemos cronicado en detalle, es un acontecimiento merecedor de algunas reflexiones de carácter general.    Nunca había ocurrido, en la historia institucional de la provincia, algo de esa naturaleza, lo que explica su profunda repercusión.
   La Justicia, en efecto, constituye uno de los valores básicos de toda comunidad civilizada. Y en un estado de derecho, representa una garantía cuya vastedad y facultades alcanzan no solamente a la totalidad del sistema, sino al cuerpo íntegro de la sociedad. Es que, como lo expresó Joaquín V. González, “ningún pueblo de la Tierra ha gozado de libertad, mientras no haya tenido asegurada su Justicia”. De allí la trascendencia que han tenido, en todo momento, las condiciones de ese ser humano al que se le confía la función de administrar justicia.
   Desde los primeros tiempos de la patria, hasta hace pocos años, era cosa común la probidad en los miembros del Poder Judicial. Tan común, que nadie la ponía en discusión bajo ninguna circunstancia. Aun en el litigante más afectado por un fallo, no existían titubeos sobre tal aspecto: nadie se atrevía a dudar de que la decisión de un juez, si podía ser jurídicamente polémica, era intachable en cuanto a la honestidad de los móviles. Todo esto, además, se reflejaba en la vida de los integrantes de ese poder del Estado.
   Los jueces, desde el más humilde magistrado de provincia hasta quienes se desempeñaban en los más altos niveles de la Nación, eran seres cuya vida transcurría rodeada por la austeridad, por la modestia; y también generalmente por la soledad, ya que la índole de sus funciones así lo determinaba.
   Ese dignísimo y memorable magistrado tucumano que fue el doctor Juan Heller escribía, hace más de seis décadas: “el arte de manejar a los hombres por la elocuencia, la gloria o la ambición, resulta completamente extraño a los jueces, ni su gobierno se identifica con el mando: ellos gobiernan con la conducta, con el decoro de la vida, sin vivir al hilo del mundo porque están en él, precisamente, para contradecir muchas de sus corrientes”.
   Lamentablemente, algunos de los múltiples cambios que trae el tiempo se han reflejado negativamente en dichos ámbitos. Bien sabemos que, en los años recientes, no es raro el cuestionamiento frontal a la conducta de magistrados. Y ni qué decir que eso ha traído escepticismo a la sociedad, que veía llegar también la corrupción hasta un universo que parecía invulnerable a ella. Obvio es decir que, felizmente, se trata de excepciones, pues si no existieran jueces probos sería imposible la vida de todos. Pero es innegable que esos casos han tenido un desdichado reflejo sobre la percepción ciudadana.
   Igualmente obvio es decir que -cumplidos celosamente los pasos constitucionales y legales- deben ser removidos del cargo todos aquellos cuya conducta haya desacreditado la magistratura. Si hay una institución donde eso no puede admitirse, es el Poder Judicial. Así, es de fundamental importancia que esas funciones sean cubiertas por personas de conducta insospechable, libres de vinculaciones tanto con el poder político como con cualquier interés extraño a su alto servicio. Y en segundo término, pero en el mismo nivel de trascendencia, es preciso que se ejerza la más activa vigilancia sobre el respectivo desempeño, en todo momento. Sólo así lograremos que se haga carne, en la sociedad, la sensación de que tiene realmente una Justicia capaz de “distinguir lo recto de lo torcido”, de acuerdo con la sabia expresión de Horacio.