"Hubo negligencia, no mal desempeño", afirmó Zaffaroni

BUENOS AIRES.- Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esbozó los argumentos centrales de la minoría que, dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (JEM) votó por la reposición de Felipe Terán en el cargo de juez federal de Tucumán.
Zaffaroni aseveró que el comportamiento del ex magistrado fue negligente, irreflexivo y hasta remiso a aplicar las normas, cuando no demostró “cierta falta de conocimientos precisos de lo que se debía realizar”. No obstante, en su fundamentación de 30 fojas, aclaró: “esa negligencia no alcanza para quebrantar la confianza pública ni amenaza los intereses jurídicos de la sociedad. Ello, más aún, en tanto que los cargos para destituir a un juez deben comportar un intolerable apartamiento de la misión a ellos confiada, con daño evidente del servicio y menoscabo de la investidura”.
En su voto en disidencia, que fue compartido en líneas generales por los senadores Sergio Gallia (PJ) y José Luis Zavalía (UCR), Zaffaroni lanzó una advertencia. “Una ponderación demasiado rigurosa en los enjuiciamientos de magistrados puede, asimismo, redundar en desmedro de la independencia judicial. El juez que se sabe expuesto a ser separado por causas que no son fundamentales no ha de sentirse seguro en el desempeño de sus funciones y, por ende, su independencia queda menoscabada”, subrayó.

Contra los acusadores
Como buen penalista, Zaffaroni analizó detenidamente si los acusadores de Terán (Carlos Kunkel y Luis Pereira Duarte) habían sostenido -y probado durante las audiencias de debate- los hechos por los cuales el Consejo de la Magistratura había resuelto suspender al juez y someterlo a un proceso de destitución. En efecto, les reprochó haberse centrado en la causa “Borquez”. “Esto no implica haber mantenido los cargos inherentes a las causas Acuña, Camandona y Fernández, Floreal, como así tampoco el referente al extravío de expedientes o escritos del Estado Nacional”, advirtió.
Para diluir la responsabilidad de Terán, el juez también hizo referencia “a la deficiente actuación de los abogados del Estado” en las causas en las que particulares reclamaban contra la normativa que pesificó los títulos públicos. Y hasta criticó, aunque sin mencionarla por su nombre, a Sara Caporaletti, que se desempeñó como secretaria civil de Terán, por el control de los oficios judiciales. “Su idoneidad resulta cuestionada”, aclaró.