"Tuvo una actitud parcial, diferenciada y discriminadora"

BUENOS AIRES.- Incumplimiento del deber legal y moral de la imparcialidad, y haber sido funcional a maniobras -con títulos de la deuda pública- en detrimento del Estado fueron las dos principales imputaciones de seis de los nueve miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación contra Felipe Terán. Fueron, en definitiva, los argumentos que terminaron sellando la suerte del ex juez federal.
A lo largo de 81 fojas, Aidée Vázquez Villar, Ramiro Puyol, Guillermo Sagués, Eduardo Roca y Enrique Pedro Basla analizaron el proceder de Terán en las causas “Borquez”, “Camandona”, “Acuña” y “Fernández”. “El patrón de conducta expuesto, analizado en el contexto general en que se materializó, permite concluir que el magistrado ha sido funcional a las maniobras que posibilitaron el enriquecimiento sin causa de determinados actores que se presentaron ante su juzgado, como asimismo a los intentos que, aunque fallidos, tuvieron ese mismo propósito y pudieron producir idénticas consecuencias”, destacaron.
Los cinco miembros del tribunal fueron durísimos con Terán. “Tuvo una actitud parcial, diferenciada y discriminatoria: indolente respecto de las presentaciones de la demandada (el Estado nacional) y diligente a los pedidos de la actora para obtener el cumplimiento de las medidas por parte del Estado. La situación se advierte tanto en la constante reiteración de oficios para el cumplimiento de las medidas cautelares, como en la celeridad con que eran proveídos los pedidos de la actora, a diferencia de lo que ocurría con la solicitudes de la demandada”, justificaron. En todo momento, advirtieron que no juzgaban la libertad de decidir inherente a la tarea de juzgar.

Otro argumentos
En su voto solitario, pero también a favor de la destitución de Terán, el diputado Manuel Justo Baladrón (PJ) fue igual de terminante. “Pese a contar con la información precisa de que se trataba de bonos adquiridos con posterioridad al diferimiento de pagos, lo que a su vez indica la falsedad de la documentación sobre la que se basó la demanda, el juez forzó al Estado al cumplimiento de la medida cautelar, que otorgaba la totalidad de la pretensión del actor, e incluso aplicó astreintes (sanción pecuniaria). De tal modo, fue funcional a la perpetración de una maniobra que tenía como damnificado al erario”, aseveró. “Desvió su poder con pérdida irremediable de la imparcialidad para seguir en el cargo”, acotó.