Morales afronta un conflicto carcelario

LA PAZ.- La huelga iniciada el lunes por miles de reos en varias cárceles bolivianas, en reclamo de la reforma de una ley antidrogas, flexibilidad en las penas y rebaja de fianzas, se agudizó ayer con medidas de presión para que el gobierno de Evo Morales atienda  sus reclamos. La mayoría de los 1.600 presos de la cárcel de San Pedro, enclavada en el centro de La Paz, se enterraron hasta la cabeza, se cosieron los labios o se crucificaron, y además mantienen un ayuno sin ingestión de líquidos.
Por su parte, los familiares de los reclusos, incluidos niños y ancianos, cerraron las vías adyacentes y duermen en las calles, en apoyo al petitorio elevado hace tiempo al Congreso. La protesta involucra a más de la mitad de los 15.000 reclusos en todo el país. Por ahora, la crisis no llegó al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, a 12 km de La Paz, ni a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, la de mayor población penal, la más peligrosa y hacinada del país.

El petitorio
Además de la flexibilización de las penas por narcotráfico, los reos exigen un “extramuro irrestricto”, es decir, la salida del penal en horario laboral sin discriminación de la gravedad de los crímenes que se purgan. También piden que se agilicen los procesos -el 70% de la población carcelaria no tiene sentencia- y un indulto para los detenidos antes de 2001. El gobierno se ha comprometido a interponer sus oficios ante el Congreso, que hasta ahora no trató el tema, a condición de que se excluya de las demandas a asesinos, violadores, reincidentes y a los sentenciados con más de 15 años por narcotráfico. Los reclusos reclaman que las penas por narcotráfico se disminuyan según la cantidad de droga decomisada, y que se reemplace con años de trabajo y estudio parte de sus condenas. La mitad de la población penal boliviana, purga sentencias o espera fallos por delitos de narcotráfico. (AFP-NA)