Frenan la creación de un ente autárquico de cultura

La comisión de Labor Parlamentaria definirá hoy el llamado a la sesión, que tendría lugar mañana a las 9. La idea es realizar una reunión con menos tensión y debate que la última realizada por el cuerpo, cuando la división en el bloque del PJ por el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos disparó una crisis política que subsiste.
Hasta el momento, el temario esta limitado al proyecto para disponer la mediación judicial obligatoria antes de todo proceso en tribunales y dos decretos de necesidad y urgencia, que serán transformados en leyes: la adhesión de Tucumán a un régimen nacional de créditos para pequeñas y microempresas y la apertura de los archivos históricos provinciales de la década del 70.
El paquete de leyes sobre la política cultural oficial no sería analizado en esta oportunidad, como un intento de descomprimir el panorama interno en el oficialismo. Ocurre que el propio gobernador, José Alperovich, expresó ayer su rechazo a que la Secretaría de Cultura se convierta en un ente autárquico. "La Legislatura, que se dedique a legislar y yo a gobernar. Se están entrometiendo en las tareas del Ejecutivo. Estoy en desacuerdo y lo digo sin esconder nada", dijo. El titular del bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza, prefirió la cautela, aunque admitió que existen algunas diferencias, "Son menores, de índole funcional y orgánica, pero no en el concepto de fondo, sobre el cual existe consenso", añadió.

Los rechazos de los DNU
Ocaranza aclaró los motivos del rechazo de los DNU. "En el tema crediticio, la motivación no es la correcta, ya que no existe necesidad y urgencia, y el tema puede ser tratado como una propuesta de ley común. En el caso de los archivos históricos, hay una diferencia en el procedimiento por aplicarse", dijo.
El legislador reconoció que en el tema de la mediación existen divisiones internas en el oficialismo, pero aclaró que son por motivos personales y negó que se vinculen a la disputa entre alperovichistas y juristas. Explicó que la mayor diferencia se relaciona con que sólo los abogados podrán ser mediadores (se sugiere co-mediadores de otras profesiones, como contadores, ingenieros o arquitectos), entre otros aspectos de la iniciativa.